El Pleno del Congreso de los Diputados comenzó el jueves, 15 de septiembre, a las 09.00 horas, con la presentación del Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2011.

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de un Real Decreto de 2006 por el que se regulaban los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores. Esta modificación se recoge en la nueva disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica de 3 de noviembre de 2009.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, de 21 de noviembre de 2006.

La AN dicta sentencia en la que condena a Otegui y a Usabiaga como autores de un delito de pertenencia a organización terrorista, en grado de dirigentes. La presente causa tiene su origen en la labor policial desarrollada tras el desmantelamiento del brazo político de ETA y del fracaso del proceso negociador llevado entre 2006 y 2008, que dio lugar a un amplio debate sobre la estrategia que debía seguir la banda terrorista para obtener sus objetivos independistas y de implantación de un Estado socialista de carácter revolucionario. Considera la Audiencia que ha quedado acreditado, mediante la prueba de cargo acumulada, que los procesados mencionados se constituyeron en sujetos directamente receptores de las órdenes impartidas por ETA, que les encomendó la formación de un organismo o comisión de coordinación y dirección que, en el seno de la Izquierda Abertzale, llevara a efecto la planificación y gestión de la nueva línea estratégica de acumulación de fuerzas políticas soberanistas. De manera que en ese contexto Otegui y Usabiaga ostentaban la superior categoría de responsables y promotores en tal estructura, trazando y transmitiendo las líneas de actuación que luego eran compartidas y seguidas por los demás acusados.

El exportavoz de Batasuna fue condenado a seis años de cárcel en 1989 por el secuestro diez años antes de un directivo de Michelín

Foto: Conde-Pumpido

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, considera que la condena a 10 años de cárcel de Arnaldo Otegi por tratar de reconstruir Batasuna "contribuye al avance hacia la paz".

Foto: Alcaráz Y Rodríguez Segura

Alerta del riesgo de fuga de Usabiaga y solicitará su ingreso inmediato en prisión

Intentaron lanzar un 'cóctel molotov' a la vivienda de un concejal socialista y colocaron un artefacto explosivo en un 'batzoki' del PNV

Foto: Magistrados Tribunal Supremo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisará el próximo día 27 la sentencia dictada en octubre del pasado año por la Audiencia Nacional que condenó a seis años de prisión por un delito de integración en organización terrorista a los miembros de la organización juvenil Segi Ekaitz de Ibero, Pello María Lamarca, Mikel Arretxe, Unai Pérez, Egoi Alberdi, Oier Lorente, Adur Fernández, Aitor Olaizola, Asier Mariezcurrena, Imanol Alder Vicente, Nahikari Otaegi, Urko Picaza, Beñat Apalategi, Igor Álvarez y Ekaitz Ezquerra.

Foto: Betoret, El Día Que Admitió Los Hechos En El TSJCV

La sentencia refleja que el abogado de Costa envió un fax para autorizar a un compañero a firmar la conformidad, que no se produjo

La condena al exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y ex jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, por un delito de cohecho impropio pasivo en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel' no impide que puedan ser citados a declarar en el juicio en calidad de testigos si lo pide alguna de las partes del procedimiento, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que el caso Gürtel "es un trabajo muy serio y riguroso de la Fiscalía Anticorrupción, que inició la investigación y se judicializó".

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, se reunirá este lunes para deliberar sobre el conflicto de competencias planteado a cuenta de las actas del Consejo de Gobierno andaluz que solicitó la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en ERE.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado el ingreso en prisión por integración en grupo terrorista, estragos y daños terroristas para el anarquista detenido en Madrid por haber participado presuntamente en la colocación de más de 30 artefactos explosivos de fabricación casera en la capital, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Declara que el Juzgado de Instrucción número 8 sea la instancia competente para instruir esta causa de presunta corrupción de UM

El Consejo de Ministros ha aprobado continuar el procedimiento de extradición pasiva a Egipto del exministro de Finanzas Youssef Raouf Boutros Ghali, al que se acusa de desviar 36 millones de libras egipcias (unos cuatro millones de euros) para gastos de propaganda del partido gobernante.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a una mujer, identificada como M.M.I.O., a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 7.000 euros por un delito de homicidio en grado de tentativa tras acuchillar en el cuello a su expareja en el municipio de La Campana (Sevilla).

La juzga excesivas pero no ve indicios para imputar a Puig

El ex celador municipal de Andratx, Jaume Gibert, quien la pasada semana ingresó en prisión para cumplir condena por el caso Andratx, ha negado que cuando vendió un yate al propietario de un terreno donde éste pretendía levantar un chalet pese a ser zona protegida, le reclamase más dinero por el barco como contraprestación para favorecer la concesión de la licencia. "En absoluto pedí nada fuera de lo legal por el barco", ha incidido tajante durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial por la pieza 9 de esta causa.

El anarquista detenido en Madrid por haber participado presuntamente en la colocación de más de 30 artefactos explosivos de fabricación casera en la capital será interrogado mañana, sábado, por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, informaron hoy fuentes jurídicas.

Foto: Sede del TSJA y Audiencia Provincial de Granada

Una mujer de iniciales R.M.C.G. ha aceptado una pena de un año de prisión por exhibir imágenes de su hija menor de edad desnuda mientras mantenía conversaciones de contenido sexual por vídeoconferencia con distintos hombres, razón por la que ha sido acusada de un delito de corrupción de menores.

Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal (BOE de 17 de septiembre de 2011). Texto completo.

Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (BOE de 17 de septiembre de 2011). Texto completo.

El día 16 de septiembre de 2011, se ha publicado en el diario en El Mundo, un artículo de Manuel Jiménez de Parga, en el cual el autor afirma que con nuestra vigente Constitución, el Estado de las autonomías, salvo que el pueblo español decidiera el cambio tajante, no es un Estado federal, ni puede transformarse en tal. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

El día 16 de septiembre de 2011, se ha publicado en el diario El País, un artículo de Pablo Salvador Coderch, en el cual el autor opina que el Estado es demasiado serio para ponerlo al servicio de las familias de sus funcionarios y políticos. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

Ejercitada acción de resolución de contrato de arrendamiento de local de negocio dedicado a venta de bisutería, por cierre injustificado de su actividad durante más de seis meses, la sentencia recurrida, desestimando la demandada, entendió que la entidad de la enfermedad y las limitaciones de movilidad derivan de hechos no sujetos a la voluntad del demandado, así como que la ausencia de empleados para atender el negocio resultaban causa justificada para el cierre del local. El TS, estimando el recurso señala que, en principio, la enfermedad del comerciante no debe ser motivo de justificación del cierre del local porque no es necesario que sea precisamente él quien deba estar al frente del mismo. Ahora bien, en el caso examinado, no concurre justa causa para el cierre del local, pues aunque el arrendatario, estaba en una situación física grave consta que no contrató empleado alguno hasta que fue emplazado en la causa. A ello se une que la situación personal y profesional del arrendatario descrita en el “factum”, la cual es incompatible con el uso del local en condiciones aptas para cumplir la finalidad que es propia en estos casos. Por lo que acogiendo la solución dada por la sentencia de primera instancia, deniega la prórroga forzosa y condena a la demandada a desalojar el local.

El Supremo absuelve al condenado por la Audiencia Nacional como autor de un delito de colaboración con banda terrorista, en cuyo poder se hallaron 300 boletos para una rifa con el objeto de allegar fondos para subvenir las acciones y fines de ETA. Indica la Sala que la organización y establecimiento de fuentes de financiación eficazmente dirigidas a nutrir las arcas de la organización terrorista, colman las exigencias del tipo por el que ha sido condenado el recurrente -art. 576 CP-, pero también es indispensable que ese acopio de fondos esté básicamente justificado por el propósito de favorecer los fines que identifican al grupo terrorista para el que se capta el dinero. Y esta finalidad, en el caso examinado, no queda claramente reflejada en el “factum” y la justificación probatoria mediante la que se pretender respaldar esa afirmación no permite descarta la afirmada, por el acusado, motivación humanitaria y solidaria por el hecho de que no haya probado tal finalidad, ya que no es al imputado al que incumbe ese reto probatorio. Así, entre otros datos, el TS atiende al hecho de que el texto de las papeletas de rifa de las que se incautó la Guardia Civil -que como la propia sentencia admite no contiene mención alguna a grupos del entorno terrorista- justifica el sorteo con el objeto de "garantizar los derechos humanos y la dignidad de los presos y refugiados", evitando la dispersión. De manera que el que esa finalidad no se ajustara a la realidad y, por el contrario, fuera una simple máscara para ocultar una contribución económica a ETA o a cualquiera de sus organizaciones satélites, debiera haber sido objeto de una justificación probatoria más rigurosa.