El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha calificado este lunes de "insignificante" la incidencia en el Tribunal Supremo (TS) y la Audiencia Nacional (AN) de la huelga que realizaron jueces y fiscales durante tres días la semana pasada contra la reforma de la carrera judicial y fiscal que quiere aprobar el Gobierno, y ha afirmado que no secundó el paro "ni el comité de huelga".

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) ha prohibido salir del país, con entrega de pasaporte, y obligado a comparecer cada quince días en sede judicial a Antxon Alonso, "amigo" del ex dirigente socialista Santos Cerdán y dueño de Servinabar, y al ex directivo de Acciona Fernando Merino tras tomarles declaración como imputados por su presunta implicación en la trama de pago de comisiones a cambio de obra pública, algo que ambos han negado.

El Profesor Antonio Fernández de Buján, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido nombrado Doctor “Honoris Causa” de la Universidad del Salvador de Buenos Aires.

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a dos años y dos meses de cárcel al actor Imanol Arias --como pactó con Fiscalía-- y ha absuelto a la también intérprete Ana Duato de todos los delitos de los que estaba acusada por el conocido como 'caso Nummaria', relativo a delitos fiscales. Al contable Fernando Peña, el principal acusado, le impone 80 años de prisión.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso interpuesto por Stellantis contra la sentencia del juzgado de lo Social 2 de Vigo, que declaró discriminatorio el acuerdo de retribución variable de la empresa (la forma en que se acordaba pagar la prima variable o paga de beneficios).

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido el derecho de una trabajadora del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a gozar del permiso retribuido de lactancia tras haber pedido una excedencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado a la entidad Cáritas Diocesana de Santander al pago de una indemnización de más de 76.000 euros a un trabajador que solicitó la extinción de su relación contractual por incumplimiento empresarial grave y acoso laboral.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “Lenguaje, poder y derecho en la edad de la información” que pone de manifiesto la dimensión política y jurídica del lenguaje, profundizando en las relaciones de este con la legitimidad del poder y con las libertades en la comunicación. El libro está prologado por Santiago Muñoz Machado, director de la RAE

Ley 3/2025, 27 de junio, de apoyo fiscal a la empresa familiar por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón (BOA de 7 de julio de 2025). Texto completo.

El día 8 de julio de 2025 se ha publicado, en el diario La Razón, un artículo de José Luis Requero en el cual el autor opina sobre el proyecto de ley para el “fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal”.

Del 9 al 11de julio de 2025 se celebrará, dentro del Programa de Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el curso “Innovación y privacidad en inteligencia artificial y espacios de datos: construcción de un modelo compatible con los derechos de las personas”.

El Instituto Vasco de Derecho Procesal convoca la XV. Edición del Premio de Artículos Doctrinales sobre fomento del Derecho Procesal, al que pueden concurrir nacionales de cualquier país del mundo mediante la presentación de uno o varios trabajos-artículos que podrán versar sobre cualquier tema jurídico sobre Derecho Procesal de carácter inédito y de autoría individual o colectiva. La dotación del Premio es de quinientos euros y el plazo de recepción de los trabajos concluirá a las 13.00 horas del día 26 de julio de 2025.

Se confirma la sentencia que reconoció el derecho de la mercantil actora a percibir intereses de demora sobre la cantidad reconocida como crédito frente a la Hacienda pública de activos por impuesto diferido susceptibles de monetización -DTAs-.

Se solicita en el presente conflicto colectivo la nulidad de la práctica empresarial consistente en exigir, para disfrutar del permiso por hospitalización contemplado en el art. 37.3 b) del ET -en su redacción posterior al RD-Ley 5/2023-, la acreditación de la situación de convivencia entre el causante del permiso y la persona que lo solicita o que ésta pruebe su condición de cuidador personal, además de la concurrencia del hecho causante del permiso.