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El Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra los preceptos del Código Civil de Cataluña que regulan el contrato de compraventa, el de permuta, el de mandato y la gestión de negocios ajenos (arts. 3, 4 y 9 de la Ley de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura y declara inconstitucional y nulo el art. 11.3. 1. b) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción introducida por la Ley 9/2011, de 29 de marzo.

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, contra los arts. 21.7, 27.5 y disposiciones adicionales decimotercera, decimocuarta y decimoctava de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2019.

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La Sala Primera del Tribunal Constitucional en una sentencia redactada por el Magistrado Andrés Ollero ha estimado el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Cataluña al considerar que el Parlament “ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes legales como establece el art. 23 de la Constitución”. En consecuencia, se ha lesionado el ius in officium de los parlamentarios recurrentes en amparo.

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El Pleno del Tribunal constitucional ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto apartado a).

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El Pleno del Tribunal Constitucional estima el amparo planteado por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña, frente a la decisión de la Mesa del Parlament de dar trámite a la que, una vez aprobada, sería la Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada el 5 de julio de 2018. Los apartados 1, 2 y 3 de esta Moción fueron declarados inconstitucionales por la STC 136/2018.