Foto: Alberto Ruiz-Gallardón

El PSOE tilda de "perversión" la iniciativa de los 'populares' que "asfixian" a la Justicia, mientras hacen "este paripé" en el Congreso

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley presentada por el Partido Popular, en la que se insta al Gobierno a crear un registro a nivel nacional que incluya a los psicólogos forenses y los peritos judiciales que hayan superado unos "requisitos mínimos de capacidad y profesionalidad" para actuar ante los tribunales.

El Partido Popular ha rechazado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la proposición no de ley presentada por los socialistas que pedía modular las tasas judiciales para que "no impida" el libre acceso de los ciudadanos a los tribunales.

Se abordarán otros temas como la filiación de hijos nacidos de madres no casadas, hereditarios y relativos a desahucios

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que rechazó que cinco asociaciones de vecinos de Carabanchel (Madrid) se quedasen con unos documentos sobre internos encontrados en febrero de 2008 en el edificio de la antigua prisión, diez años después de la clausura del mismo. Considera el alto tribunal que estas entidades carecían de legitimación para recurrir la decisión denegatoria de la Agencia de Protección de Datos.

Foto: JUICIO A GERARDO DÍAZ FERRÁN

El juez dice que utilizó junto al expresidente de Air Comet "fondos de la SEPI para deshacerse de una compañía con gravísimos problemas"

Ruz rechazó la excarcelación porque el extesorero tiene "una importante infraestructura patrimonial de difícil control judicial"

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha limitado la investigación sobre las preferentes vendidas por las cajas que integraron Bankia a la planificación para su emisión llevada a cabo por la cúpula directiva de las entidades.

La juez de instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Mariana Peregrina, ha imputado a Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por su presunta implicación en blanqueo de capitales y delito fiscal en la compra del ático que la pareja tiene en la Costa del Sol, según informan 'El País' y 'El Mundo'.

La Fiscalía Anticorrupción pide sendas fianzas civiles de diez y ocho millones de euros para dos exaltos cargos de la agencia IDEA

La Abogacía del Estado, personada en el caso Nóos, en representación de la Agencia Tributaria no aprecia indicios de delito fiscal en la actuación de la Infanta Cristina al frente de Aizoon, la sociedad de la que es copropietaria junto a Iñaki Urdangarin, por lo que se ha opuesto a la imputación de la hija del Rey don Juan Carlos, sobre la que previsiblemente el juez José Castro se pronunciará a principios de enero.

La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a oponerse a la imputación de la Infanta Cristina, según como figura en el último escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción numero 3 de Palma, en el que pide además la apertura de diligencias previas contra el responsable del sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha), a efectos de determinar las posibles responsabilidades penales y sus autores, en relación a la imputación de falsedades en el tratamiento de los datos fiscales de Aizoon y sus socios.

Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras (BOE de 18 de diciembre de 2013). Texto completo.

Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE de 18 de diciembre de 2013). Texto completo.

Ley 6/2013, de 13 de diciembre, de medidas tributarias de impulso a la actividad económica en Extremadura (DOE de 17 de diciembre de 2013). Texto completo.

El próximo año se conmemora el 11 de septiembre de 1714, es decir, la fecha que los nacionalistas catalanes quieren que no solo sea el recuerdo de la caída de Barcelona tras el asedio del ejército de Felipe V, sino también –y sobre todo– la fecha que desean sea el inicio de Cataluña como un nuevo Estado. Como ha señalado el constitucionalista catalán Francesc de Carreras, “el peligro de las conmemoraciones históricas es su manipulación política” . Por de pronto, como este mismo autor señala, la tarea de analizar los hechos históricos y su auténtico significado, pertenece exclusivamente a los historiadores. Sin embargo, en este caso especial los nacionalistas quieren llevar el ascua a su sardina, para crear en el pueblo catalán el sentimiento patriótico necesario para lograr la secesión de España, hasta el punto de que cuando escribo estas líneas se ha conocido la convocatoria de un Congreso, que se celebrará el próximo diciembre, bajo el título de España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014). Creo que no hace falta aclarar cuál es el sentido de semejante bodrio, destinado a ir calentando la fecha en que los nacionalistas quieren imponer la secesión (…).

El día 18 de diciembre de 2013, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Jorge de Esteban, en el cual el autor critica el modo en el que la Generalitat ha creado el marco para la realización de un posible referéndum.

La Universidad de Murcia organiza las “II Jornadas Internacionales de Bioderecho: derecho, salud y medio ambiente”, se celebrarán los días 7, 8 y 9 de Enero de 2014.

El día 29 de enero de 2014, se celebrará, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, la Conferencia: 'Modificación de objeto social y derecho de separación'.

En el presente recurso se plantea si, en virtud del art. 262.5 del TRLSA, que extiende la responsabilidad de los administradores que hubieran incumplido el deber de promover la disolución a todas las deudas de la sociedad posteriores al acaecimiento de la causa de resolución, afecta a los demandados. La respuesta que da la Sala es negativa por cuanto la acción ejercitada de responsabilidad de los administradores de una sociedad anónima, requiere que éstos hayan incumplido el deber de promover la disolución, existiendo una de las causas legales para ello.

El TS desestima el recurso interpuesto por la Administración del Estado contra el inciso final del art. 14 del RD 855/2008, por el que se otorga a la demandada la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado “Castor”.