Jorge De Esteban es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid
El artículo fue publicado en El Cronista n.º 39 (octubre 2013)
ANTE UNA EFEMÉRIDES HISTÓRICA
El próximo año se conmemora el 11 de septiembre de 1714, es decir, la fecha que los nacionalistas catalanes quieren que no solo sea el recuerdo de la caída de Barcelona tras el asedio del ejército de Felipe V, sino también –y sobre todo– la fecha que desean sea el inicio de Cataluña como un nuevo Estado. Como ha señalado el constitucionalista catalán Francesc de Carreras, “el peligro de las conmemoraciones históricas es su manipulación política”(1). Por de pronto, como este mismo autor señala, la tarea de analizar los hechos históricos y su auténtico significado, pertenece exclusivamente a los historiadores. Sin embargo, en este caso especial los nacionalistas quieren llevar el ascua a su sardina, para crear en el pueblo catalán el sentimiento patriótico necesario para lograr la secesión de España, hasta el punto de que cuando escribo estas líneas se ha conocido la convocatoria de un Congreso, que se celebrará el próximo diciembre, bajo el título de España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014). Creo que no hace falta aclarar cuál es el sentido de semejante bodrio, destinado a ir calentando la fecha en que los nacionalistas quieren imponer la secesión(2). Por lo demás, no sabemos si las previsiones que los nacionalistas catalanes se hacen en su mente, llegarán a ser realidad(3). Pero lo que no cabe duda es que esta idea de la conmemoración de los hechos de 1714, no solo como recuerdo del pasado, sino especialmente como inicio del futuro, es algo que procede desde casi el mismo momento de la aprobación de la Constitución de 1978.
Sea lo que fuere, el hecho es que tales ensoñaciones están proyectándose sobre el presente. De ahí que algunos piensen que la política soberanista de Arturo Mas y colaboradores, no es más que un señuelo para poder seguir esquilmando al Estado. Otros, por el contrario, creen que lo que dice y hace el Presidente Mas va en serio, y que el camino emprendido conducirá hasta la independencia. Por último, hay un tercer grupo de observadores que piensan que el líder catalán compagina ambas posturas, mientras que se mantenga el “dontancredismo” o dejación tradicional de los Gobiernos de Madrid. Ahora bien, esta pasividad que consiste en dejar que las cosas sucedan, puede llegar a convertirse incluso en una “pasividad activa”. Según la cual no se hace nada, pero se ayuda estúpidamente a los nacionalistas para que consigan su objetivo. En efecto, los franceses utilizan la frase “trabajar para el Rey de Prusia”, en una de sus varias acepciones, para describir la situación en que se trabaja en interés de un tercero, sin obtener nada en provecho propio.
Con ello quiero decir que los diferentes Gobiernos (salvo si acaso el presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo) y también, en algunos casos, el Tribunal Constitucional, han adoptado durante muchos años medidas que beneficiaban a los nacionalistas catalanes, en perjuicio, a menudo, de los intereses generales de España. Así las cosas, después de 35 años de llevar a cabo una política absurda, el llamado “problema catalán”, se halla más agudizado que nunca. Para comprender mejor en dónde estamos, conviene distinguir siete peldaños diferenciados en la escalada hacia la independencia de los nacionalistas catalanes.
EL COMIENZO DE LA ESCALADA
El primero comienza en el mismo momento del proceso constituyente, cuando se planteó la solución que había de darse para una mejor integración del País Vasco y Cataluña en el seno de España(4). Sin que entremos en el detalle de las diversas opciones que se contemplaron, al final se acabó imponiendo probablemente la peor. Pero para comprender más claramente lo que estamos exponiendo, es conveniente que hagamos un sucinto bosquejo histórico del “problema catalán”, como lo denominaba Ortega. Hasta el 11 de marzo de 2004, España tenía un modelo “provisional” de Estado, según lo previsto, más o menos, en la Constitución. Pero, en esa fatídica fecha, las bombas de los trenes malditos en Madrid no solo segaron la vida de 192 personas e hirieron a más de 1.000, no solo provocaron probablemente también un cambio electoral de mayoría gubernamental, sino que además pusieron las bases para que el Estado de las Autonomías, vigente hasta entonces, saltase por los aires, como consecuencia de la reforma del Estatuto catalán especialmente, junto a la de otros que siguieron después.
EL SUPUESTO DERECHO A DECIDIR
Para comprender la razón de la “provisionalidad” del modelo señalado, es necesario explicar la causa. Para ello hay que acudir al principio de autodeterminación de los pueblos, cuya primera formulación, en este caso filosófica, fue la contenida en la Declaración de Independencia de las 13 colonias británicas en la Norteamérica de 1776. De este modo, es normal que se identifique ese principio con el derecho de secesión de un territorio hasta entonces perteneciente a un Estado. Posteriormente surgiría en Europa el principio de las nacionalidades, de acuerdo con el que se llevó a cabo, partiendo del concepto de nación, la creación de la unidad italiana y la aparición consecuentemente de un nuevo Estado. Y, de forma parecida, este principio también lo entendió así, tras la Primera Guerra Mundial, el Presidente Wilson en sus famosos 14 Puntos, pues la mayor parte de ellos se refieren al derecho de autodeterminación de los pueblos, escritos con la finalidad utópica de que el nuevo mapa resultante de Europa tras su aplicación, impidiese una nueva guerra mundial. Pero fue sobre todo, en los años 60-70 del pasado siglo, cuando el principio se aplicó para llevar a cabo la descolonización que comportaría el surgimiento de nuevos Estados en Asia y África. El origen de ese fenómeno hay que buscarlo jurídicamente en la propia Carta de las Naciones Unidas de 1945. Ahora bien, aunque el artículo 1.2 reconoce el respeto al principio de la libre determinación de los pueblos, en el 2.4 se habla asimismo del respeto a la integridad territorial de los Estados y en el 2.7 se prohíbe que la ONU intervenga en los asuntos que sean esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.
Todo esto, expuesto claramente en un libro de Santiago Muñoz Machado, es indispensable para comprender esa “provisionalidad” de que vengo hablando(5). En efecto, los 14 Puntos del Presidente Wilson se expusieron en la Conferencia de París de 1919 y hasta allí se dirigió una delegación del PNV para reivindicar, sin ningún eco, el derecho de autodeterminación del País Vasco, cuando ya el propio Wilson era consciente de lo peligroso que resultaban sus enunciados frente a unos Estados consolidados desde hacía siglos. A partir de entonces el principio de autodeterminación de los pueblos solo tendría un desarrollo lógico posterior con el proceso de descolonización surgido tras la Segunda Guerra Mundial. La dificultad y el riesgo que comportaba el reconocimiento de este principio, que podría comportar la secesión de una parte del territorio de un Estado, es lo que hizo que surgiera un concepto más restringido del mismo principio, que se podría conjugar sin la inevitable secesión de un territorio perteneciente a un Estado, limitándose entonces dicho principio exclusivamente al reconocimiento del autogobierno de una o de varias partes de un Estado, pero sin salirse de él.
Esta segunda acepción restringida, es por la que optaron los nacionalistas catalanes, que comenzó de forma tenue con la reivindicación de la Mancomunidad en los primeros años del siglo XX. Sin embargo, no conviene olvidar que durante la corta duración de la I República, el 8 de marzo de 1873 ya se había proclamado el Estado catalán por primera vez. La segunda fue con motivo de la llegada de la II República, el mismo día 14 de abril de 1931 y, por tanto meses antes de que se aprobase la Constitución por la que debería regirse España. Y la tercera se produjo como consecuencia de la victoria de las derechas en las elecciones generales de 6 de octubre de 1934, cuyos resultados no aceptaron los partidos republicanos. Ciertamente, se aprovechó también la confusión que produjo la llamada Revolución de Asturias para volver a proclamar nuevamente, con las consecuencias que se conocen, el Estado catalán. Por consiguiente, tanto los nacionalistas vascos como los catalanes, que en ambos casos no llegan en la actualidad a la mitad de la población, aspiran desde hace más de un siglo a ejercer el llamado principio de autodeterminación de los pueblos para separarse de España y crear su propio Estado(6).
Pues bien, con estas premisas era evidente que tanto en el proceso constituyente de 1931, como en el de 1978, era necesario encontrar una fórmula para regular esta materia de alto voltaje. Sin embargo, no solo no fue así, sino que en ambos casos, se adoptó un sistema que en lugar de frenar las aspiraciones secesionistas de los nacionalistas vascos y catalanes, las facilitaban hasta llegar a la situación en que nos encontramos actualmente, con la complicidad paradójicamente de los diferentes Gobiernos de Madrid. Sea como sea, la mejor manera de integrar a unos y otros se pensó que era mediante la adopción del concepto restringido o interno del principio de autodeterminación, teniéndose que elegir entre dos opciones. Por una parte, se podía reconocer este principio únicamente a las tres regiones españolas con un mayor sentimiento identitario, esto es, el País Vasco, Cataluña y, si acaso, Galicia. O, por otra parte, cabía construir un Estado Federal con igualdad de trato para todos los Estados regionales que lo integrasen. Los constituyentes de 1931 no solo evidenciaron una enorme irresponsabilidad sobre lo que estaba en juego, sino que además demostraron una supina ignorancia del Derecho Constitucional, al querer inventar algo nuevo que bautizaron con el nombre de Estado “integral”, algo que ni siquiera ellos mismos sabían lo que significaba, salvo si acaso que se trataba de una nueva categoría de Estado compuesto. De este modo, se procedió a adoptar un derecho libre a la autodeterminación de cada región española, basándose en el “principio dispositivo” (concepción reducida del principio de autodeterminación), según el cual se podía acceder o no a la autonomía, cuando se quisiera, y con las competencias, dentro de un límite, que se quisieran. La corta vida de la II República impidió que se llegase a agotar este derecho a la autodeterminación interna que habían comenzado a ejercer Cataluña, el País Vasco y en parte, Galicia(7). Pero aunque no hubiera estallado la Guerra Civil, cualquier experto en Derecho Constitucional habría pronosticado un futuro incierto para ese invento español, puesto que no se siguió el consejo, en este caso sabio, de Miguel de Unamuno, que decía: ¡Que inventen ellos...!
EL PERNICIOSO EJEMPLO DE 1931
Así las cosas, lo terrible de la situación actual es que en 1978, a fin de resolver el eterno problema de la vertebración de España, se volvió la mirada otra vez a la perniciosa Constitución de 1931, empeorándose incluso el sistema que había fletado ésta(8). En efecto, se adoptó un reparto de competencias absolutamente confuso que conllevaba a que se mantuviese eternamente un proceso constituyente, lo cual, como yo sostuve hace 33 años, convertía a nuestra Norma Fundamental en una Constitución inacabada, porque no exponía el diseño final de nuestro Estado(9). Con todo, a trancas y barrancas, en el año 2004 disponíamos de un Estado Autonómico “provisional”, que podía haber durado de forma indefinida. Sin embargo, el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, aun no siendo el culpable directo de nuestra odisea constitucional, cometió la imprudencia de soltar las amarras que frenaban a los nacionalistas vascos y catalanes. Porque otro error enorme de nuestros constituyentes y gobernantes, no solo fue el de imitar, y empeorar, el sistema de descentralización territorial de la II República, sino que lo potenciaron incluso con una ley electoral que favorece a los partidos nacionalistas, permitiéndoles desempeñar un papel abusivo en la política nacional. La consecuencia es que el reconocimiento del derecho de autodeterminación, en su versión reducida, que hubiese podido satisfacer las ambiciones minoritarias de los grupos nacionalistas si se hubiese regulado bien y de forma definitiva, provocó, al mantenerse un proceso constituyente o “estatuyente” interminable, que se haya dado paso para que tanto los nacionalistas catalanes, como los vascos, estén exigiendo sin ambages la puesta en práctica del derecho a decidir, esto es, ni más ni menos que el principio de autodeterminación en su más amplia aplicación.
... (Resto del artículo) ...
NOTAS:
(1). Francesc de Carreras, “La que se nos viene encima”, La Vanguardia, 5 de junio de 2013.
(2). No resulta extraño, por tanto, que uno de los mejores hispanistas, especialmente conocedor también de la historia real de Cataluña, John H. Elliot haya dicho al enterarse de esta convocatoria, que se trata de “un disparate”, El País, 7 de junio de 2013.
(3). Cuando redacto estas líneas, a la vista de cómo están las relaciones entre CiU y ERC, de la corrupción que afecta a muchos miembros de CiU y de la política ambigua de Duran i Lleida, no parece que, en la fecha prevista, se llegue a ese puerto con la unanimidad necesaria que requeriría la ocasión. Es más: este político acaba de afirmar que “quien diga que Cataluña puede ser un Estado independiente dentro de la UE, está mintiendo”, La Gaceta, 19 de junio de 2013.
(4). Ver, a este respecto, el importante libro de Santiago Muñoz Machado, Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, Crítica, Barcelona, 2012,
(5). Santiago Muñoz Machado, El problema de la vertebración del Estado en España (Del siglo XVIII al XXI), Iustel, Madrid, 2006.
(6). Ver el curioso libro de Javier Barraycoa, Historias ocultadas del nacionalismo catalán, Libroslibres, Madrid, 2011, pp. 205-207.
(7). Ver Santiago Varela, El problema regional en la II República española, Madrid, 1980.
(8). Guy Carcassone, ilustre constitucionalista francés, recientemente desaparecido, mantenía que “una Constitución no puede por sí misma hacer feliz a un pueblo, pero una mala sí puede hacerlo infeliz”, exactamente lo que ocurrió en 1931.
(9). Jorge de Esteban y Luis López Guerra y otros, El régimen constitucional español, tomo I, Labor, Barcelona, 1980, p. 34: “Curiosamente el texto de 1978, caracterizado por su larga extensión, no termina con el proceso constituyente, dando lugar a una definitiva configuración del Estado”.
