La APM plantea el copago para acceder a la Justicia
No tutelar los derechos e intereses de los ciudadanos “con la calidad, rapidez y eficacia exigibles”, el “cliché” de la apariencia de politización que afecta a la “legitimidad y autoridad de los juzgados y tribunales” y el sentimiento de “frustración o desmotivación” de los propios jueces y magistrados por las condiciones en que tienen que desempeñar sus funciones constituyen los tres problemas fundamentales que padece la Justicia española, según se desprende de un exhaustivo informe, de casi 200 folios, realizado por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que se realizan una serie de propuestas para salir de esa situación.
Unas medidas “alcanzables” que, además, no supondrían coste económico alguno para la Administración y que tienen como objetivo de fondo alcanzar una mayor eficiencia en el funcionamiento de la Justicia. Solucionar la insuficiencia de la planta judicial, reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que aborde cuestiones tan relevantes como delimitar el tiempo máximo para la instrucción de las causas y el secreto sumarial, las comparecencias previas al juicio para intentar llegar a un acuerdo, desjudicializar determinadas conductas, limitar los recursos de apelación en la instrucción, propuestas para evitar que se repitan enfrentamientos entre los tribunales Supremo y Constitucional y fomentar mecanismos alternativos para la resolución de conflictos son algunas de las cuestiones que aborda la citada asociación. El documento, elaborado por el Gabinete de Estudios e Informes de la APM y en el que han participado jueces y magistrados, parte del exceso de litigiosidad en España, muy superior al existente en países de nuestro entorno, lo que incide no sólo en un “ineficiente” funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que también influye directamente sobre la economía, toda vez que cada procedimiento tiene un coste medio para el erario público de entre 1.500 y 1.800 euros.Esta situación deriva de un “hipergarantismo judicial” que genera una “litigiosidad desmesurada” que está colapsando el sistema y afecta “de forma muy negativa al derecho de los ciudadanos y a un proceso sin dilaciones indebidas”. Para intentar salir de ese círculo, la APM plantea directamente la imposición de una tasa que deberían abonar aquellos que voluntariamente acudan a la Justicia o mantengan abiertos procedimiento cuando saben que las posibilidades de que prosperen sus pretensiones son prácticamente nulas. De ese copago quedarían excluidas las acciones de la jurisdicción penal.
La asociación mayoritaria de jueces es consciente de que la imposición de esa tasa puede disuadir a ciudadanos con rentas inferiores de acudir a la Justicia. “Pero resulta inadmisible que se inicien pleitos -o se sostengan oponiéndose indebidamente a una demanda- sabiendose fehacientemente que se carece de derecho”, afirma al respecto la APM, máxime cuando el litigante no soportará ningún coste de los gastos de funcionamiento de la Justicia, “ni siquiera los de su propio abogado (pues gozará de una justicia gratuita de concesión excesivamente generosa)”.
Además, junto a ello, esa gratuidad total en el acceso a la Justicia es aprovechada también por “los morosos” para perjudicar a los ciudadanos, manteniendo abiertos procedimientos contra reclamaciones de cantidad que conoce que debe u oponiéndose sistemáticamente a una demanda de deshaucio “por unas rentas que no paga”. Todo ello deriva en un mayor colapso de los juzgados, coste económico para la Hacienda Pública y un mayor retraso en las resoluciones judiciales.
El perdedor paga doble
Con este sistema se beneficiarían, por tanto, las arcas públicas y el resto de ciudadanos. “Es un sistema justo de distribución de costes y que favorece a los ciudadanos no litigantes, quienes no sólo soportarán un importe menor con sus impuestos, sino que tendrán una justicia más pronta en su actuación cuando verdaderamente se necesita”.
