La Audiencia Nacional declara ilegal la reducción salarial del personal de Renfe

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional condena a Renfe a reintegrar a los trabajadores los descuentos practicados y a reponerles la situación que tenían hasta el 31 de mayo de 2010.

La Audiencia Nacional considera que en Renfe "no existe personal sujeto a contrato de alta dirección, ni existe personal que esté regulado en parte por el convenio colectivo y cuya retribución se haya pactado al margen de esta norma, y sólo hay trabajadores sujetos a convenio y personal excluido del ámbito de aplicación del mismo".

Noticias Relacionadas

• El personal de refuerzo de los servicios sanitarios de Castilla y León, ha de obtener la preceptiva autorización de compatibilidad para ejercer otras funciones públicas o privadas, y ello aunque no perciba el complemento específico
  Desestima la Sala el recurso interpuesto contra la resolución del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, que impuso a la recurrente, personal de refuerzo, sanción como responsable de una falta muy grave del art. 72.2 l) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. La sancionada ejercía otras funciones públicas o privadas sin la necesaria autorización de compatibilidad; y el simple hecho de que no percibiera el complemento específico, no le eximía de obtener dicha autorización. En consecuencia, la infracción imputada se encuentra perfectamente incardinada en el precepto aplicado, por incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad. 08/04/2011
• La Jurisdicción Social es la competente para resolver las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a la prestación correspondiente, al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre
  La cuestión litigiosa planteada consiste en determinar el orden jurisdiccional competente para enjuiciar los temas derivados de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Afirma la Sala que la citada norma es fácilmente encajable en la acción protectora de la seguridad social regulada en el art. 38 de la LGSS. Así, el art. 31 de la Ley 39/2006 refuerza la consideración del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como complementario del sistema de Seguridad Social, por lo que, en consecuencia, es indudable la competencia de los órganos de la jurisdicción del orden social. 07/04/2011
• Para que pueda denegarse por necesidades del servicio, el ejercicio del derecho a la reducción de jornada de los funcionarios por cuidado de hijos, dichas necesidades deben justificarse en términos concretos y tener entidad suficiente para oponerse a un derecho que guarda relación con la protección de la familia
  Mantiene la Sala la sentencia que revocó la resolución de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Castilla y León, en cuanto supeditó el reconocimiento del derecho de la demandante a la reducción de jornada por cuidado de hijo, a que trabajase una tarde a la semana. Declara el Tribunal que la sentencia impugnada lo que hizo fue partir de la normativa aplicable a la luz de la STC 3/2007, llegando a la conclusión de que la resolución administrativa anulada prescindió de toda ponderación de las circunstancias concurrentes en el caso y de cualquier valoración de la importancia que para la efectividad del derecho a la no discriminación por razón de sexo de la recurrente -implícito en su derecho a la reducción de jornada por motivos familiares-, pudiera ocasionar en el funcionamiento regular del Centro Sanitario donde prestaba sus servicios como médico. 06/04/2011
• A los efectos de la obtención de la nacionalidad española no puede entenderse cumplido el requisito de buena conducta cívica, si el solicitante ha sido condenado por un delito en fecha posterior a su petición de nacionalidad en relación con hechos acaecidos con anterioridad a dicha solicitud
  Se confirma la resolución denegatoria de la concesión de la nacionalidad española por residencia, solicitada por la recurrente, por no haber acreditado el requisito de buena conducta cívica. Señala la Sala que a quien corresponde la carga de acreditar el concepto jurídico de buena conducta cívica, es al solicitante, de tal forma que su ausencia opera como obstáculo impeditivo de la concesión de la nacionalidad. En el supuesto enjuiciado, aunque en el expediente administrativo se desprende claramente un cierto grado de integración de la actora en la sociedad española -trabaja legalmente y está adaptada a las costumbres españolas, conociendo el castellano-, sin embargo fue condenada por un delito contra la salud pública. Frente a ello no puede aducirse con éxito que la sentencia penal es de fecha posterior a la petición de nacionalidad, pues no sólo los hechos enjuiciados fueron anteriores a tal solicitud, sino que, además, a la hora de valorar el requisito de buena conducta cívica, se ha de tomar en consideración la trayectoria personal del interesado durante el tiempo de residencia en España y aun antes. Tampoco puede tenerse en consideración la alegación de que la condena no era firme, pues la actora no ha acreditado la pendencia de un recurso contra la misma y el resultado de tal impugnación. 04/04/2011
• Dada la gravedad que comporta el delito contra la seguridad del tráfico por conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, una única condena por la comisión del mismo tiene trascendencia a la hora de valorar si concurre, en quien solicita la nacionalidad española, el requisito de buena conducta cívica
  Se mantiene la sentencia que confirmó la denegación al recurrente de la concesión de la nacionalidad española por no haber justificado suficientemente el requisito de buena conducta cívica, ya que fue condenado por un delito contra la seguridad del tráfico en su modalidad de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Declara la Sala que, respecto al tipo penal por el que fue condenado el actor, el Tribunal Supremo tiene establecido que es, sin discusión posible, cualquier cosa menos la expresión de buena conducta cívica, de tal forma que no puede decirse que una única condena por el citado delito carezca de trascendencia para valorar si concurre en quien pide la nacionalidad el requisito de buena conducta cívica. Concluye la Sala que en el supuesto examinado no se cuestiona la integración del recurrente en la sociedad española, sino su grave comportamiento delictivo y su relativa cercanía en el tiempo al presentar la solicitud de nacionalidad. 01/04/2011
• La competencia para conocer de una demanda de conflicto colectivo no deriva del alcance de la norma o decisión que se trata de interpretar o aplicar, sino del alcance o área a la que se contrae el conflicto
  La Audiencia Nacional aprecia la incompetencia funcional de jurisdicción en la demanda de conflicto colectivo interpuesta frente a la Central Nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en la provincia de Burgos. Tal y como tiene establecido la Sala IV del Tribunal Supremo, la competencia para conocer de una demanda de conflicto colectivo no deriva del alcance de la norma o decisión que se trata de interpretar o aplicar, sino del alcance o área a la que se contrae el conflicto. En el supuesto examinado, el conflicto colectivo planteado tienen un área concreta, la Central Nuclear de Santa María de Garoña en Burgos, a la que ocasionalmente y en un tiempo preciso y concreto se han desplazado algunos trabajadores del centro de trabajo de Santander, de tal forma que el objeto del proceso sólo incide en el centro de trabajo ubicado en la circunscripción del Juzgado de lo Social de Burgos, órgano competente ante el que han de ejercitarse las pretensiones vertidas en la demanda formulada. 31/03/2011
• La identificación del número, serie y fracción de un billete de lotería premiado no identificado o extraviado, da derecho a cobrar el premio aún sin presentación del billete
  La AN confirma la resolución que deniega el abono del premio de un billete de lotería, al resultar imposible la identificación de los restos del mismo. Señala la Sala que si bien existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha accedido al pago de billetes de lotería no identificados o extraviados, la misma ha sido aplicada en supuestos excepcionales en los que existía una plena e indubitada identificación del número, serie y fracción del billete premiado y extraviado. El caso litigioso no es comparable a los supuestos en que el Alto Tribunal ha reconocido el derecho a cobrar el premio aún sin presentación del billete, toda vez que no existe la identificación que la jurisprudencia exige. 10/03/2011
• Se reduce la indemnización concedida por daños morales al actor, quien halló el cadáver de un ratón muerto en la lata de frutos secos que estaba ingiriendo, pues se considera que tales daños fueron mínimos
  La Audiencia Provincial de Sevilla reduce la indemnización por daños morales concedida al demandante, quien se encontró un ratón muerto en una lata de frutos secos. Reconoce la Audiencia que encontrarse un ratón en la lata que había empezado a ingerir sin percatarse de la presencia del cadáver de dicho animal produce necesariamente un susto y una clara zozobra que debe ser objeto de indemnización. En el caso examinado, han quedado perfectamente acreditados los elementos objetivos del daño moral, pero no es menos cierto que la parte demandada ha acreditado que ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos de manipulación, desratización, e higiene necesaria para la elaboración de productos alimenticios, y no habiéndose acreditado daño físico ninguno causado por dicho hecho, los daños morales que ello ha podido causarle son mínimos. Así, el recurrente es una persona que normalmente está sana y no tiene problemas psicológicos, por lo que la indemnización concedida en instancia se considera excesiva y debe ser rebajada. 10/03/2011
• Absuelta la mujer que acabó con la vida de su marido al no alcanzarse, en relación al número de votos, la mayoría exigida por la Ley del Jurado
  Se dicta sentencia que absuelve a la acusada del delito de homicidio doloso que le había sido imputado por el Ministerio Fiscal. Se declara probado, que la procesada acabó con la vida de su marido al clavarle un cuchillo, ello, tras haber sido agredida por éste en el marco de una discusión que ambos mantenían. Tramitada la causa por el procedimiento previsto en la Ley del Tribunal de Jurado, se plantea un complejo debate consistente en saber si cuando el resultado obtenido tras la votación acerca de un hecho desfavorable, que constituye la base imprescindible para la declaración de culpabilidad, es contrario a tenerlo por acreditado de acuerdo con el régimen de mayorías del art. 59.1 LOTJ, tal postura priva, o no, de sentido a la necesidad que alude el art. 60 LOTJ de emitir un pronunciamiento acerca de la culpabilidad/ inculpabilidad del acusado; ello, cuando además se da la circunstancia especial de que los votos contrarios a la consideración como probada de aquella proposición fáctica incriminatoria no llegan a los cinco precisos para afirmar posteriormente la inculpabilidad. Entiende el Magistrado Instructor que su función, se limita a velar por la corrección del acta de votación y no por si es acertado, de suerte que la devolución al Jurado del acta -como interesó el Ministerio Fiscal-, al amparo del art. 63, sólo está justificada cuando en ella hubiera un error, sin que la situación a que se ha aludido sea errónea. Señala que la obligación de los Jurados es, tras deliberar, votar, individualmente, sobre cada uno de los hechos que se le presentan en el objeto de veredicto, y de no alcanzarse las mayorías exigidas no admisible que se les pueda obligar a cambiar lo que en conciencia han valorado y votado, pues sería someterles a un acto de violencia psíquica intolerable. 08/03/2011
• La Audiencia Nacional duda sobre si puede actuar contra Google
  La Audiencia Nacional quiere plantear los principales interrogantes del caso Google al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El pleito enfrenta al buscador con la AEPD por más de 80 reclamaciones de esta última para que elimine los datos de particulares que consideran vulnerado su derecho a la intimidad. 01/03/2011

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

• Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
• No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
• Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.