MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
En un comunicado, los dos sindicatos representativos de los profesionales de cajas de ahorros, consideran que los hechos acaecidos en Bankia "podrían ser constitutivos de delito contra el orden socioeconómico y, en concreto, de administración fraudulenta y desleal, y atentan contra el principio esencial de imagen fiel de las empresas".
En concreto, los sindicatos piden al Ministerio Fiscal que investigue la sustitución y destitución "fulminante" del anterior presidente de Bankia y del Banco Financiero de Ahorro (BFA), Rodrigo Rato, así como el proceso que llevó a la nacionalización de BFA, filial de la entidad que agrupa los activos 'tóxicos'.
Además, FEPCA y ACCAM-Bankia pide que se abran diligencias para averiguar por qué la entidad perdió en menos de dos semanas el 50% de su valor bursátil y más de un 60% acumulado desde la salida a bolsa, de lo que distan nueve meses, "sin motivos concretos conocidos".
Asimismo, los denunciantes reclaman un análisis de las cuentas anuales de la entidad, que la auditora Deloitte se negó a firmar dado el desfase patrimonial de 3.500 millones de euros que detectó, lo que precipitó la intervención del Estado y la dimisión de Rato.
"PASIVIDAD" DE LA CNMV Y EL BANCO DE ESPAÑA.
Por otro lado, los dos sindicatos denuncian la "pasividad" y la "dejación de funciones" por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España como organismos de supervisión y control del sistema financiero español.
Los sindicatos consideran que en lugar de "proteger la imagen fiel, la transparencia y la fiabilidad de los datos financieros y el precio de los títulos en los mercados de capitales, han comprometido el dinero de los contribuyentes y el de los ciudadanos que invierten".
Por otro lado, FEPCA y ACCAM-Bankia piden también a la Fiscalía que investigue las indemnizaciones millonarias de los responsables de las cajas de ahorros, así como su responsabilidad en la gestión de dichas entidades.
Por último, los dos sindicatos aplaudieron la actuación de los empleados de Bankia por la compra de acciones de la entidad financiera para evitar los movimientos especulativos de bajada artificial del precio del valor, ante la pasividad manifiesta de los responsables del sistema financiero.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró el pasado sábado en declaraciones a Europa Press, que ha dado orden a la Fiscalía Anticorrupción para que se depuren "todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro", aunque afirmó que ninguna de estas investigaciones afecta a Bankia.
