La condena incluye su inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía por espacio de ocho años, al tiempo que decreta la nulidad de la venta de la casa de la víctima efectuada por el condenado.
La sentencia condenatoria es tres años inferior a la que habían solicitado el Ministerio Fiscal y otras dos acusaciones particulares personadas en la causa, una de ellas en representación del Colegio de Abogados de Valladolid.