El Gobierno de España y el Tribunal Penal Internacional (TPI) han realizado este jueves la firma del acuerdo por el cual los condenados por esta corte puedan cumplir sus penas de forma total o parcial en España, según ha informado el organismo judicial en un comunicado.

Los órganos judiciales de toda España registraron durante julio, agosto y septiembre de este año 1,5 millones de nuevos asuntos, lo que ha supuesto un incremento del 7,5% con respecto al mismo trimestre de 2021.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) como parte de la causa que estudia la constitucionalidad de la nueva normativa del Govern sobre lenguas en la enseñanza que impide aplicar la sentencia que obliga a impartir, al menos, un 25% de horas lectivas en castellano.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del PSC contra la resolución del Tribunal de Cuentas de octubre de 2021 que sancionaba a la coalición con la que se presentaron a las municipales de mayo de 2019 con 49.200 euros por superar el límite máximo de gasto establecido por ley.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el 2 de diciembre el escrito presentado por el partido a finales del pasado mes de octubre. Esta decisión de la Audiencia Nacional llega después de que el Consejo de Ministros anunciase este lunes que Sevilla es la sede elegida para ubicar la mencionada agencia.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el archivo de la denuncia presentada por la Fundación Franco y otros familiares del dictador contra el grupo de activistas denominado '19 de Meirás' --fueron investigados 17--, que desplegaron pancartas en una protesta en el año 2017 en la que pedían la recuperación para la titularidad pública del pazo ubicado en Sada (A Coruña).

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un hombre por un delito de resistencia y dos de lesiones leves a dos mossos d'esquadra que en abril de 2020 trataban de denunciarlo por saltarse el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “La Administración española ante la participación juvenil”. Este libro muestra cómo los poderes públicos afrontan jurídicamente, con mejor o peor fortuna, la incorporación de las sucesivas generaciones de jóvenes en la vida democrática del país, reconociéndoles por su edad como actores estratégicos del desarrollo común.

Decreto 200/2022, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se regula la responsabilidad social en las entidades valencianas (DOCV de 7 de diciembre de 2022). Texto completo.

Decreto 72/2022, de 25 de noviembre, por el que se regulan la identificación y el Registro de Unidades de Vinculación de perros de asistencia y sus usuarios (BOPA de 7 de diciembre de 2022). Texto completo.

Decreto 73/2022, de 25 de noviembre, de primera modificación del Decreto 191/2019, de 17 de octubre, de Empresas de Intermediación Turística (BOPA de 7 de diciembre de 2022). Texto completo.

Reglamento (UE) 2022/2372 del Consejo de 24 de octubre de 2022 relativo a un marco de medidas para garantizar el suministro de contramedidas médicas pertinentes para la crisis en caso de emergencia de salud pública a escala de la Unión (DOUE de 6 de diciembre de 2022) Texto completo.

El día 8 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Jorge Rodríguez-Zapata, en el cual el autor opina que los equilibrios institucionales que requiere la Constitución de 1978 se han empobrecido en la legislatura que va a concluir.

El día 15 de diciembre de 2022 se celebrará, organizado por el Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez, el Seminario de Actualidad Jurídica Administrativa “Transformación digital del sector público y litigiosidad contencioso-administrativa”.

El Colegio de la Abogacía de Murcia ha convocado la 36ª Edición del Premio San Raimundo de Peñafort. Este galardón tiene como objetivo fomentar la investigación en materia jurídico-profesional. Para este año, la temática del concurso será "El principio de efectividad del Derecho Comunitario: la eficacia directa de las normas de la U.E."

Se debate en el presente litigio cómo debe calificarse un despido por causas objetivas con fundamento en las circunstancias excepcionales derivadas de la COVID-19 y la declaración del estado de alarma, en concreto las consecuencias del desconocimiento de la norma plasmada en el art. 2 del RD-Ley 9/2020.

Desestima la Sala el recurso interpuesto contra la sentencia que condenó al recurrente como autor de un delito de agresión sexual y de homicidio intentando.