El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad que los estudiantes catalanes puedan realizar la prueba de evaluación final de Educación Primaria también en castellano y no sólo en catalán, como defendía el Govern de la Generalitat, que hace tres años recurrió el Real Decreto 1058/2015 sobre estas pruebas de evaluación al considerar que vulneraba las competencias de Cataluña.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del Parlamento catalán que aprobó el pasado 7 de marzo la creación de una comisión de investigación sobre las actividades de la Monarquía.

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por Retevisión, adquirida en 2003 por Abertis Telecom (actualmente Cellnex Telecom), contra una resolución de 2017 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que incluía a la compañía entre los operadores de telecomunicaciones obligados a contribuir al Fondo Nacional del Servicio Universal (FNSU) de 2014.

El Departamento vasco de Justicia ha puesto en marcha un proyecto piloto en los juzgados de Bilbao que ofrecerá un servicio de acompañamiento integral a las víctimas de la violencia de género y de delitos sexuales, para fortalecer la atención que se les presta y "minimizar al máximo el nivel de estrés que sufre". Tras su evaluación, se pretende extenderlo a otras sedes judiciales a partir de 2021.

La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, ha propuesto a la Junta la búsqueda de convenios o acuerdos que permitan mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género en las oficinas de atención y las unidades de valoración que dependen de Justicia.

El jurado de la primera edición del premio anual del Colegio de Abogados de Madrid al Compromiso con la Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres ha acordado por unanimidad otorgar el reconocimiento al Cuerpo de la Guardia Civil "por su compromiso continuado con la Igualdad y su actividad constante y decidida por hacer efectiva la misma dentro de una Institución tradicionalmente masculina en la que las mujeres tienen cada vez mayor presencia".

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra colectiva “Derecho Procesal Europeo”. Esta obra, prologada por Koen Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tiene por objeto presentar los aspectos organizativos y funcionales de los dos órganos judiciales que componen, a día de hoy, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), éstos son, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, con sede en Luxemburgo. A su vez, examina, de manera pormenorizada, todos los recursos y acciones procesales de los que conocen ambos tribunales, así como las vías que permiten al justiciable y al juez nacional interactuar con la jurisdicción de la Unión.

El día 3 de octubre de 2019 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de Diego Íñiguez en el cual el autor opina que un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato ha expirado debería conducirse como un Gobierno en funciones: con restricción, ejerciendo solo los poderes de ordinaria administración.

El Congreso de Derecho y protección animal, tendrá lugar en el ICAIB Palma los días 23 y 24 de octubre reunirá a destacados juristas expertos en derecho y protección animal.

El día 16 de octubre de 2019 se celebrará, en el Ilustre Colegio de Abogados de valencia, la Jornada “Las actuaciones de rehabilitación, regeneración y reforma en suelo urbano”.

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la tasa del ayuntamiento de Barcelona sobre el control de viviendas vacías o permanentemente desocupadas por entender que no es competente para aprobar disposiciones de carácter general en esta materia y que la actividad gravada por dicha tasa no es competencia municipal.

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a ocho meses de cárcel a cuatro encargados de dos empresas por un delito contra la seguridad y la salud en el trabajo en una explotación forestal. Responsabiliza de la falta de medidas de seguridad en la explotación forestal tanto a la empresa subcontratada como a la serrería que contrató con el Ayuntamiento, pues ninguno de ellos se preocupó “de que los trabajadores tuvieran contrato laboral, estuvieran dados de alta en la Seguridad Social ni de que hubieran recibido la oportuna formación en prevención de riesgos laborales”.