El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presidirán este viernes 14 de febrero la IV Reunión Ministerial de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado que se celebrará en el Parador de la ciudad de Cádiz.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad estimar parcialmente el recurso del Gobierno de Pedro Sánchez contra el protocolo para menores migrantes del Ejecutivo canario, anulando la Resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias de 10 de septiembre por la que quedó aprobado, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado este miércoles la decisión del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de abstenerse en los recursos de amparo planteados por la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado y por el fiscal Eduardo Esteban Rincón contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de anular sus respectivos nombramientos a fiscales de sala, según ha informado la corte de garantías.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena por prevaricación y falsedad documental impuesta a la ex presidenta de Junts Laura Borrás, a penas de 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación, por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018, al tiempo que ha rechazado su petición de que se le aplique la amnistía.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha ratificado en su decisión de no ordenar su suspensión cautelar en el ejercicio del cargo, tal y como pedía la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles por unanimidad el informe sobre el anteproyecto de la ley reguladora del ejercicio del derecho de rectificación, que en líneas generales ha valorado positivamente, pese a lo cual ha emitido una serie de recomendaciones, entre ellas que se incluya un régimen de sanciones que pueda imponer la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

El Gobierno regional ha aprobado en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, para reforzar las políticas sociales llevadas a cabo en materia educativa, cultural, de servicios sociales y empleo público; y para dotar de mayor seguridad jurídica a las actuaciones de la Administración regional, tanto en el ámbito presupuestario o patrimonial, como en la gestión documental, asesoramiento jurídico y el juego.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Lorca, que reconocía paternidad respecto a dos menores nacidas en 2015 y 2017, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “Inteligencia artificial y Administraciones Públicas: una triple visión en clave comparada” que recoge las ponencias y comunicaciones que conformaron el programa del X Congreso anual de la Red Internacional de Derecho Europeo, tiene por objeto analizar -de forma crítica y no meramente descriptiva, y apegada a la realidad del estado actual de este conjunto de tecnologías que comúnmente denominamos IA- los principales desafíos que trae consigo su uso por las Administraciones públicas, con una doble clave transversal: de un lado, la mutidisciplinariedad, con trabajos de enfoque jurídico, politológico y tecnológico; de otro, la comparación entre sistemas nacionales.

Decreto 18/2025, de 11 de febrero, del Consell, de modificación del Decreto 173/2024, de 3 de diciembre, del Consell, por el cual se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat (DOGV de 12 de febrero de 2025). Texto completo.

Resolución de 5 de febrero de 2025, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV y VI de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, de 24 de mayo de 2024, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2025, y el Anexo I y II de la Orden de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, de 7 de julio de 2020, por la que se establecen los códigos y las definiciones de las clasificaciones económicas de los estados de ingresos y gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 12 de febrero de 2025). Texto completo.

El día 13 de febrero de 2025 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Javier Tajadura Tejada en el cual el autor opina que la cesión integral de la competencia en extranjería e inmigración que exige Junts al Gobierno es inconstitucional por afectar a potestades exclusivas e intransferibles del Estado, como es la defensa de las fronteras.

La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres convoca los premios de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer para el año 2025.

Los días 6 y 7 de febrero de 2025, en la Universidad de Málaga, tendrá lugar el VIII Congreso Nacional de Derecho de Sociedades que versará sobre la “Autonomía de la voluntad en el Derecho de sociedades”.

Protección internacional: el Derecho de la Unión no se opone, en determinadas condiciones, a que los beneficiarios de protección internacional deban aprobar un examen de integración cívica. Sin embargo, no puede sancionarse sistemáticamente el hecho de suspender dicho examen.

Resarcimiento del perjuicio causado por un cártel: una normativa nacional que impide una acción colectiva de cobro puede infringir el Derecho de la Unión. Así sucede cuando el Derecho nacional no prevé ninguna otra vía colectiva de agrupación de las pretensiones individuales de los perjudicados por un cártel y el ejercicio de una acción individual por daños resulta imposible o excesivamente difícil.