MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La corte de garantías concluye, en una sentencia aprobada por unanimidad de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, que el Senado "actuó dentro de sus competencias" en esta materia, por lo que ha desestimado el conflicto planteado por el Gobierno.
El Ejecutivo defendía que el acuerdo de la Mesa del Senado podría suponer una vulneración de los artículos 134.6 de la Constitución y 151 del Reglamento del Senado, en relación al ejercicio de su facultad de veto presupuestario.
Sin embargo, el Constitucional aclara que cuando la doctrina constitucional ciñe la prerrogativa de veto a los presupuestos "en curso", se refiere a los que "estaban rigiendo al tiempo de presentación de la iniciativa legislativa".
"Y en el momento de presentarse la iniciativa controvertida los únicos presupuestos "en curso" eran los de 2023, a los que no afectaba la medida, ya que esta entraba en vigor el 1 de enero de 2024. Por tanto, la entrada en vigor estaba prevista para otro ejercicio presupuestario distinto, con independencia de que los presupuestos de 2023 se prorrogasen o no (prórroga que no se había producido aún). Distinta habría sido la solución si la proposición de ley hubiera tenido una entrada en vigor inmediata", precisa.
LA POSTURA DEL GOBIERNO
Desde Moncloa explicaron que dicho requerimiento "venía acompañado de un informe" en el que el entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública "justificaba que las medidas incluidas en la iniciativa supondrían una merma de la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no cedido a las comunidades autónomas, al producirse la eliminación del mismo".
Asimismo, el informe aludía a que la proposición de ley "obligaba al Estado a compensar a las comunidades autónomas con el importe recaudado por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por cada una de ellas, en el último ejercicio fiscal antes de la entrada en vigor de esta iniciativa legislativa". "Por tanto, el impacto estimado de esta proposición de ley del PP alcanzaría unos 2.800 millones de euros para las arcas públicas", subrayaron desde el Ejecutivo.
Así las cosas, el Gobierno denunció que, "a pesar del escrito remitido", la Mesa del Senado optó, en su reunión del 21 de noviembre, por "ignorar y no admitir a trámite esa disconformidad", con el argumento de que la proposición de ley "se refería a un ejercicio futuro y no a uno presente".
Tras la aprobación del trámite en el Senado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya pidió la revocación de la misma, alegando que era una vulneración "flagrante" de la Constitución, por lo que abría la puerta a presentar un recurso ante el TC si no se paralizaba la norma. Y así lo hizo.
