MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --la mayoritaria de la carrera judicial--, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Las cuatro han mostrado su recelo respecto al texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han respaldado el proyecto que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "histórico".
María Jesús del Barco, presidenta de la APM, sostiene que estas reformas "no pueden sino calificarse como desafortunadas y de todo punto inoportunas". En declaraciones a Europa Press, insiste en que cambiar el modelo de instrucción --para pasarlo de mano de los jueces a los fiscales-- "requiere una mayoría parlamentaria" y "un consenso amplio" que "desde luego no existe".
Además, subraya que el fiscal general es nombrado "directamente" por el Gobierno, por lo que considera que no puede calificársele de "independiente". A su juicio, la Fiscalía tendría que gozar de "la autonomía, de la independencia, de la imparcialidad y de la neutralidad que tiene el juez" para poder asumir las investigaciones penales.
Del Barco considera que "esas características no las tiene" el fiscal general. Y asegura que con esta reforma, "se refuerza" la figura del jefe del Ministerio Público, en lugar de fomentar su "independencia". Así, subraya que en el nuevo texto "no se delimita claramente esa relación del fiscal general del Estado con el Gobierno" y ve "evidente que existe una dependencia que se puede trasladar a la instrucción de determinadas causas penales".
Por tanto, entiende que "ningún ciudadano puede estar seguro de que la instrucción de una causa penal contra él se rija por el principio estricto de legalidad y no por un principio de oportunidad política".
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, también manifiesta su desconfianza respecto a la reforma judicial al considerar que "plantear ahora una reforma tan profunda de la justicia es un error". "En un país tan polarizado como el nuestro, entregar la investigación penal a los fiscales sin garantizar su autonomía real supone un riesgo enorme de politización", apunta.
En este sentido, Oliva sostiene que "impulsar una ley de este calado sin garantías ni apoyos suficientes no parece buscar reforzar la justicia, sino proyectar la sombra de control político sobre ella".
FJI ALERTA DEL RIESGO DE "INJERENCIAS POLÍTICAS"
De igual forma, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, recuerda que en su asociación "desde hace mucho tiempo" mantienen una postura "contraria" al cambio que impulsa ahora el Gobierno.
"Los jueces somos independientes y solo estamos sometidos a la ley, mientras que los fiscales, excelentes profesionales muy bien preparados, no son independientes, sino que están sometidos jerárquicamente a sus jefes, de quienes dependen además sus condiciones laborales, con todo lo que ello significa, jefes que a su vez han sido nombrados y dependen del fiscal general, nombrado a su vez, y he aquí la raíz de todos los males, por el Gobierno de turno", explica.
Por eso, apunta que desde FJI consideran que dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales, "en las actuales condiciones, aumenta el riesgo de injerencias políticas en los casos que interesen al Gobierno, los de corrupción".
En este punto, sostiene que para que los fiscales puedan "instruir en las mismas condiciones de independencia que los jueces" sería necesario reformar su estatuto orgánico para "darles mayor autonomía e independencia frente a sus jefes".
No obstante, entiende que el texto impulsado por el Ejecutivo "no va dirigido a dotar realmente de mayor autonomía e imparcialidad a esos futuros fiscales instructores, sino que, parece, se quiere reformar para someterlos aun más a las órdenes del fiscal general nombrado por el Gobierno".
APIF AVISA DE QUE NO ES EL MOMENTO
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también reprocha la redacción del nuevo proyecto de ley, al tiempo que denuncia que no ha podido aportar sugerencias al texto.
Aunque se muestra a favor de que las causas penales pasen a manos de los fiscales, coincide en que la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) "no blinda al fiscal investigador". Así las cosas, insiste en que es "absolutamente necesario" que antes de cambiar el modelo de instrucción de los procedimientos penales haya una reforma del Estatuto que "garantice al Ministerio Publico realizar esta labor con total independencia".
"No parece que la situación que estamos viviendo en España --con el fiscal general a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo-- traslade una imagen de tranquilidad y confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público", añade.
VEN EXCESIVO EXPULSAR A LOS PARTIDOS DE LAS ACUSACIONES POPULARES
Al margen, la AMP, la AJFV y FJI muestran a su vez sus reticencias respecto a la reforma que evita que los partidos puedan ejercer la acusación popular.
La asociación mayoritaria de jueces critica que se quiera acotar dicha figura "hasta el extremo que va a dejarse vacía de contenido", lo que considera que "supone un retroceso más en el Estado de Derecho" y merma "el ejercicio de esa acción por los ciudadanos".
La Francisco de Vitoria, por su parte, reprocha que esta medida reduzca "drásticamente los espacios de participación y control ciudadano", mientras que FJI coincide en que se pretende limitar "en exceso" la figura de las acusaciones populares.
JJPD Y UPF: UN PROYECTO "ESPERADO" E "IMPRESCINDIBLE"
Por el contrario, JJpD considera que el proyecto de ley "modernizará el proceso penal" al pasar a "una Fiscalía investigadora", dejando atrás "los resabios inquisitivos del actual sistema" y con "los límites que disponga el juez de garantías", lo que considera que acerca a España al sistema "predominante en Europa".
"Es un proyecto largamente esperado y absolutamente imprescindible", afirman en JJpD, considerando que "supone una reforma modernizadora que hace casi medio siglo, con la aprobación de la Constitución, debió acometerse", apunta el portavoz de la asociación, Edmundo Rodríguez.
Además, sostiene que con el nuevo texto se reforzará la independencia del fiscal general al cambiar el periodo de su mandato para que no coincida con el del Gobierno de turno.
Para el portavoz de la UPF, Félix Martín, el proyecto de ley "contribuye" a una justicia porque permite a los fiscales ejercer su función "de una manera mucho más eficaz". En este sentido, recuerda que ya hay fiscales de menores que están a cargo de las investigaciones penales.
"Estamos preparados técnica y profesionalmente para asumir este reto (...) Que la ciudadanía no tenga ninguna duda de que los fiscales trabajamos cada día de acuerdo a los principios de legalidad, imparcialidad y presunción de inocencia", señala.
Con todo, Martín subraya que para que la reforma sea un "éxito" es "imprescindible" que la Fiscalía tenga "los medios materiales y profesionales suficientes" para poder llevar a cabo su labor.
