MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El proyecto, que entraría en vigor en enero del año 2028, también prevé expulsar a partidos políticos de la acusación popular, así como la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró el pasado jueves que la nueva LECrim persigue adaptar el modelo español al europeo, de modo que "los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía".
Se trata, según defendió, de "una reforma también necesaria y más garantista", en la que "un juez de garantías será quien decida, revoque o confirme las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en la investigación penal".
