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Senado

El Senado rechaza la iniciativa del PP de instar al Gobierno a reformar de nuevo la malversación para adecuarla a Europa

11/05/2023
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El Senado ha rechazado este miércoles, gracias a los votos en contra de PSOE, ERC, Junts, Bildu y PNV, la iniciativa impulsada por el PP que instaba al Gobierno a que se volviera a reformar de nuevo el Código Penal para endurecer las penas contempladas en el delito de malversación conforme a la propuesta de la Comisión Europea de 3 de mayo.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Frente a los 145 votos en contra, la moción del PP ha cosechado 108 votos a favor gracias al apoyo de formaciones como Vox, Ciudadanos, Teruel Existe o Navarra Suma. El senador del PP Francisco Javier Márquez, quien ha defendido la propuesta en el pleno, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber acometido la reforma del delito de malversación para contentar a ERC y poder aprobar así los Presupuestos Generales del Estado.

Cabe recordar que la Comisión Europea ha planteado en su propuesta una pena máxima de al menos cinco años para ese tipo de delitos en toda la UE, una propuesta que obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación, tras la modificación acometida por el Gobierno de coalición, que ha rebajado las penas para ciertos casos.

Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber "ánimo de lucro" cuando la autoridad o funcionario público "se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas".

Además, creó dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas", con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años.

Y un segundo tipo para "la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado", sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación.

Este miércoles, el PP en su intervención ha recriminado al Ejecutivo que a pesar de que defendieron que con la reforma buscaban homologar el derecho doméstico a Europa, el "motivo exprés" era poder contar con el voto de ERC.

A su juicio, tras el análisis de la Comisión Europea de la reforma, "las vergüenzas del Gobierno de Sánchez han quedado al descubierto" y esa homologación ha resultado ser un argumento "falso". "Sánchez y el PSOE anteponen sus intereses partidista a los intereses de los españoles, anteponen sus sillones a los valores democráticos (...), prefieren pactar las penas a la carta con los condenados por el procés", ha apuntado.

Frente a esto, el senador del PSOE Joan Lerma ha lamentado que el PP haya planteado un debate sobre Cataluña aprovechando una propuesta de la Comisión Europea. Y ha recordado que con la actitud de los presidentes 'populares' se llegó en esa región a "dos referéndum ilegales y a la división de la sociedad catalana".

Tanto el PP como Vox y Ciudadanos han defendido en sus turnos de palabra que el objetivo último de la reforma de la malversación, emparejada con la supresión del delito de sedición, era que Sánchez siguiera en el poder. Lerma le ha dado la vuelta al argumento matizando que "efectivamente es para que Sánchez y gente sensata siga en el Gobierno y no crispe a los ciudadanos y sea posible la convivencia en Cataluña".

Además, ha afeado al PP que tenga prisa ahora por reformar el Código Penal en base a una propuesta de directiva europea pero en cambio no escuchara al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, cuando señaló que "la prisa era fundamentalmente hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial" (CGPJ). "Ahí es donde tenían que tener prisa, para llegar a la Presidencia española de la UE con el CGPJ renovado", ha apostillado.

LA "MENTIRA" DE LA HOMOLOGACIÓN

Volviendo a la malversación, Lerma ha sostenido que con esa reforma sí que han cumplido con los deberes (parafraseando a Sánchez) porque atacan el enriquecimiento ilícito. Algo que, a su juicio, preocupa al PP.

Pero para el PP, la justificación de la homolagación con Europa que sostuvo el Gobierno es una "mentira", y Márquez ha insistido en que no se busca una justicia más equitativa sino que es la forma de llevar a cabo "un pacto con --Oriol-- Junqueras (ERC).

Durante el debate, uno de los más beligerantes en el apoyo de la moción (a pesar de intentar introducir una enmienda amplia) ha sido Vox. Para los de Santiago Abascal "la malversación es el peor delito que puede cometer un político o un funcionario".

Su portavoz, José Manuel Marín, ha afeado al Gobierno que se presentara como el Ejecutivo que iba a regenerar la política y en cambio ha acabado impulsando los indultos del 'procés', ha acabado con la sedición y ha rebajado las penas por malversación.

"LOS EXPERTOS EN CORRUPCIÓN"

Tras Vox, ha sido el turno de los nacionalistas, que se han alineado en el 'no' a la moción del PP. La senadora de ERC Mirella Cortes ha señalado que era irónico que "un partido juzgado por corrupción" quisiera dar lecciones a su formación cuando cuenta con "cero casos de corrupción en 90 años" de historia.

Así, ha atacado la postura 'popular' si bien ha ironizado que quizá deberían escucharles bien porque "los expertos en corrupción" son ellos. Cortes ha alabado además la negociación de su partido con el Gobierno para esa reforma legal porque "se ha conseguido reducir la capacidad represiva del Estado y el margen de arbitrariedad de una Justicia que sigue hegemonizada por la derecha".

Por otro lado, ha señalado que lo que consiguieron con esta reforma es evitar que se den "imputaciones por malversación con finalidad ideológica y arbitraria contra el independentismo". Y ha subrayado que "hacer un referéndum no es un delito, hacer que la gente pueda expresarse no es un delito".

Josep María Cervera, de Junts, ha profundizado en esa idea al apuntar que "dedicar dinero público a ejecutar proyectos avalados en las urnas no puede ser malversación, no debería ser delito". "Lo que debería ser delito es no ejecutar los programas electorales o hacerlo en sentido contrario a lo que los electores votan", ha señalado.

PNV: UNA PROPUESTA PROPIA DE CAMPAÑA ELECTORAL

Almudena Otaola, del PNV, ha puesto el foco en la "inusitada urgencia" del PP para adaptarse a una propuesta europea que ni siquiera ha sido aprobada. "No deja de sorprender que la tradicional demora para la trasposición de directivas europeas se transforme en el PP en inusitada urgencia", ha explicado.

Así, ha indicado que la propuesta del PP es precipitada "y propia de las necesidades e intereses de la campaña electoral", y ha añadido que en su formación abogan por que "los problema políticos no se resuelvan judicializando la política sino a través de diálogo y acuerdo".

Por parte de Ciudadanos, Miguel Sánchez, que ha tildado la reforma del Gobierno de "capciosa", ha defendido la moción del PP indicando que la Comisión pretende acabar con las arbitrariedades en la modificación del Código Penal y armonizar la definición de penas relacionadas con la corrupción.

Por su parte, el senador de Más Madrid Pablo Gómez ha apuntado que en realidad los principales beneficiados de la reforma de la malversación han sido los políticos del PP a los que ha acusado de "saquear a manos llenas las arcas" públicas.

Además, en la línea de ERC, ha criticado que el PP de Luis Bárcenas, Ignacio González o Francisco Granados "venga a decir cómo debería regularse el delito de malversación parece un chiste de mal gusto". "Darle nuestro apoyo sería como poner al lobo a cuidar de los corderos", ha apostillado.

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