BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
La sanción se debe a que la CNMC considera que el ICAB incumplió dos resoluciones dictadas en un expediente sancionador por recomendaciones de precios sobre los honorarios que cobran los abogados a sus clientes en los procesos judiciales.
En marzo de 2018 sancionó al ICAB y a otros 8 colegios por realizar recomendaciones de precios mediante la elaboración, publicación y difusión de baremos de honorarios, una conducta prohibida que está prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia.
Tras este el ICAB aportó unos criterios orientativos para la tasación de costas, adecuándose al cumplimiento de la resolución sancionadora.
En febrero de 2020 la CNMC dictó otra resolución en el marco del procedimiento de vigilancia del expediente de 2018 en el que declaró que estos nuevos criterios presentados por el ICAB eran adecuados para cumplir con la resolución pero que seguiría vigilando su actuación.
Sin embargo, ahora asegura que el ICAB difundió en sesiones de formación estos criterios como verdaderos baremos, lo que constituye el incumplimiento de las resoluciones de 2018 y 2020 y que está tipificado como una infracción "muy grave" en la Ley de Defensa de la Competencia.
EL ICAB HA ABONADO 400.000 EUROS
Antes de aprobarse esta resolución el ICAB ya ha pagado la multa acogiéndose a un artículo de la ley que permite reducir en un 20% la sanción si se paga por anticipado, por lo que finalmente ha abonado 400.000 euros.
Preguntado al respecto, el ICAB ha respondido a Europa Press que "interpondrá los recursos que considere adecuados, en defensa del interés de la corporación y de todas las personas colegiadas".
Así lo hará para poder seguir realizando "con todas las garantías, transparencia, objetividad y seguridad jurídica" para la ciudadanía los dictámenes preceptivos en los procedimientos de tasación de costas de acuerdo con la legislación aplicable.
Además, añaden que su actuación está avalada por la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa (LODD), que entró en vigor el 4 de diciembre de 2024 y que reconoce el derecho de quien acuda a los tribunales de conocer con anterioridad el coste de una eventual condena en costas.
