SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
En una nota, la Consejería califica esta propuesta de "sensata y realista", defiende su "impacto menor" y la justifica por "la actual situación económica y financiera", a la que quiere "adaptar" el servicio de asistencia gratuita.
Por ello, el departamento que dirige Emilio de Llera ha rechazado las críticas que ha vertido este domingo sobre dicha medida el portavoz de Justicia del Grupo Popular en la Cámara autonómica, Juan Ramón Ferreira, y ha señalado que los 'populares' andaluces "eludieron debatir acerca de esta materia el pasado jueves" en el Parlamento, ya que, según ha explicado, esta formación "retiró a última hora una pregunta sobre la cuestión".
Ello pone de manifiesto, a juicio de la Junta, la "falta de voluntad" del PP-A para "contrastar los datos en sede parlamentaria", lo que posibilitaría "que la ciudadanía pueda estar informada con transparencia y claridad en todo momento".
En ese sentido, la Consejería de Justicia ha desmentido que la rebaja que plantea llegue "hasta el 18 por ciento", como ha señalado el representante del PP-A, ya que, según la Junta, "se limita a un diez por ciento de ajuste lineal", y ha subrayado que "la tramitación de la medida se ajusta al procedimiento legalmente establecido", pese a que Ferreira ha asegurado que el plazo que ha dado la Junta para evaluarla ha sido de siete días y no de 15, "como establece la Ley 6/2006 de 24 de octubre".
En esa línea, la Junta ha negado también que no haya contado con los colegios profesionales al diseñar esta medida, como señala el PP andaluz, ya que, según ha subrayado, Justicia mantiene "una interlocución permanente y una comunicación fluida con los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores" a este respecto.
De igual modo, el Gobierno andaluz, que ha señalado que comunidades gobernadas por el PP, "como la de Madrid", han aplicado "reducciones de hasta el 20 por ciento" en estas retribuciones, defiende que "este esfuerzo por ajustar y racionalizar los recursos ha permitido también agilizar los pagos pendientes por la prestación de este servicio, liquidando este verano no sólo todo lo pendiente de 2011 --respondiendo al compromiso adquirido con los abogados y procuradores--, sino también abonando ya los primeros pagos certificados en 2012".
Por último, la Consejería de Justicia e Interior ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz mantiene un "firme compromiso" con la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita "pese a la difícil situación económica", ya que, subraya, "se trata de un derecho esencial que contribuye a garantizar la igualdad de la ciudadanía ante la Justicia" y "es fundamental para la tutela judicial efectiva de una parte importante de la ciudadanía que no dispone de recursos y que necesitan que sus derechos sean defendidos ante los tribunales".
