BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
La consejera de Justicia de la Generalitat catalana, Pilar Fernández Bozal, ha alertado este viernes de que las cuantías de dinero acumuladas en litigios pendientes de ejecución equivalen al "presupuesto anual de la Generalitat", es decir, una quinta parte del PIB catalán.
"El equivalente aproximadamente al 20 por ciento del PIB catalán está a la espera de si tiene que cambiar o no de manos [...] a la espera de saber si, como consecuencia de una sentencia judicial, obtendrán o no este dinero", ha asegurado.
Es decir, 40.000 millones de euros que están en trámite en los juzgados y tribunales, según un estudio de la conselleria durante estos primeros de Gobierno catalán sobre el valor económico de todos los litigios pendientes de resolución definitiva.
Bozal se propone reducir los plazos de resolución de los asuntos judiciales, algo que también tendrá un "un fuerte impacto macroeconómico".
"Una justicia que no resuelve los asuntos legales con rapidez tiene un coste de inseguridad jurídica muy importante, y es un claro freno para atraer inversiones y para la dinámica empresarial y de negocio", ha dicho en una conferencia del Fórum Europa.
EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS: 2016
Esta modernización requiere, a juicio de Bozal, afrontar sin dilaciones la puesta en marcha de la nueva oficina judicial (NOJ) ya que, pese a los costes económicos de implantarla, "el retorno económico y social que comportará la modernización de la justicia superará, holgadamente y en pocos años, el coste de la inversión".
Esta nueva oficina judicial, con un coste de unos 550 millones de euros en ocho años, ofrecerá servicios comunes a todos los juzgados, aligerará las tareas administrativas y mejorará la organización de los recursos y materiales, según la consejera.
También trabaja para que, como máximo en 2016, entre en funcionamiento el expediente judicial electrónico y poner así fin al papel.
