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Y la Justicia será coherente; por José Luis Requero, Magistrado

27/07/2011
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El día 26 de julio de 2011, se ha publicado en el diario La Razón, un artículo de José Luis Requero, en el cual el autor opina que la aprobación del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal marcará un antes y un después en la consideración de España como Estado de Derecho porque supondrá atribuir la investigación penal a los fiscales y desvitalizar la acusación particular. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

Y LA JUSTICIA SERÁ COHERENTE

Comentaban en una radio la dimisión de Camps. Algunos contertulios resaltaban su ejemplo frente a otros adversarios políticos, ajenos a todo planteamiento dimisionario pese a merodearles relevantes escándalos. Una periodista se quejaba de la Justicia que tenemos: mientras que a Camps se le imputa, otras investigaciones se archivan o quedan impunes los responsables políticos, como en el “caso Faisán”; se lamentaba de una Justicia que maltrata a Camps y es buena con el etarra “Iñaki de Rentaría”, etc.

Cualquier comentarista que se precie, gracias a la crisis, está más o menos familiarizado con los rudimentos de la política monetaria, con el papel del Banco Central Europeo, acerca de lo que significa el diferencial de nuestra deuda respecto del bono alemán o “le suena” lo que es el pacto de estabilidad, etc. Sin embargo, sorprende que haya comentaristas que aun no se han enterado de cómo funciona nuestro sistema judicial y cortan a los jueces por el mismo patrón que emplean para confeccionar su análisis y comentario político.

Salvo que tengan alguna cuenta pendiente en algún tribunal o respiren por la herida de alguna sentencia, lo normal es que sean casos de ignorancia, pero ignorancia que es culpable en quien vive de opinar sobre el devenir de nuestra política, máxime desde que hace ya demasiados años la política española se solapa con la crónica de tribunales. De estar medianamente informados, sabrían que en su actuación la Justicia no responde a un esquema de organización unitaria, no hay unas consignas ni circulares ni órdenes. Más allá de las normas y de la jurisprudencia que las interpreta, lo que hay es el caso a caso: la Ley busca la justicia en abstracto, los jueces hacen que esa justicia vaya de lo abstracto al caso concreto.

Esto significa, por poner un ejemplo, que el juez que imputa a Camps no puede dejar de hacerlo porque otro juez no haya imputado a Bono a raíz de las denuncias sobre su sorprendente patrimonio o porque otro distinto no lo haga con altos cargos de Interior en el “caso Faisán”. Cada investigación, cada juez, responde a las peculiaridades de cada caso, por eso llevar la lógica de la lucha y del debate político a la Justicia es un error y una desinformación. Cosa distinta es el Ministerio Fiscal que sí que constituye una organización unitaria. Al frente hay un Fiscal General del Estado que imparte instrucciones y todos los fiscales actúan por delegación suya. Es a la Fiscalía a quien se le puede exigir coherencia e igualdad en su celo acusador.

Ha venido a coincidir todo esto con la aprobación del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, ley que marcará un antes y un después en la consideración de España como Estado de Derecho. Supondrá atribuir la investigación penal a los fiscales y desvitalizar la acusación particular. Consecuencia de su vinculación gubernamental, se investigará o quedará impune lo que interese al Gobierno; el principio de legalidad cederá el paso al de oportunidad. Unan esto con una Policía gubernamentalizada y añadan la inutilización de la acción popular y saquen consecuencias. Después de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que llevó la Justicia a la politización y al desprestigio, esta reforma sería ya el golpe de gracia a nuestro sistema constitucional. De darse este paso, esa periodista a la que me refería verá que la investigación penal, el sistema judicial, funciona con unidad y coherencia terrible: se investigará e imputará al adversario político, ideológico o social y quedará impune el amigo. Ojalá que una disolución purificadora de las Cortes impida la aprobación de semejante reforma aunque ésta, más la eutanasia y la ley de igualdad de trato, quizás expliquen la prolongación de una legislatura agónica: sería el broche a dos legislaturas disolventes, radicales en lo ideológico y letales para las libertades básicas.

Vuelvo a la reforma procesal. No puede cuajar la idea de que monopolizar la investigación y acusación penal, en el fondo, es algo que interesa a todo gobernante, por eso y ante la hipótesis nada desdeñable de su aprobación, me gustaría saber si esta reforma, más tras leyes tóxicas aprobadas en los últimos años, se derogará si hay cambio de gobierno.

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