MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
En el comunicado institucional el ICAM justifica la participación del Colegio como acusación popular en esta causa para subrayar el compromiso con el derecho de defensa, el secreto profesional y el modelo de justicia garantista. "No hemos actuado contra nadie sino a favor de algo mucho más importante como la integridad del proceso penal, la dignidad del ejercicio profesional de la abogacía y la tutela efectiva de los derechos fundamentales de la ciudadanía", ha trasladado la Junta de Gobierno en su escrito.
La Junta explica que el ICAM afronta este procedimiento "con la tranquilidad de que las instituciones en un Estado de Derecho funcionan", para destacar que el auto de apertura de juicio oral "subraya la existencia de indicios sólidos penales y una merma en derechos fundamentales".
Se trata de "un mensaje de confianza en la Justicia y en las garantías del proceso", para insistir que la Junta reafirma que la actuación del Colegio se ha llevado a cabo "con pleno respeto a la presunción de inocencia del acusado" negando "cualquier motivación política o personal. "La decisión queda a expensas del resultado del juicio, que corresponde exclusivamente a los tribunales. Si el tribunal considera que no se dan los elementos para una condena lo acataremos con la misma serenidad con la que hoy defendemos nuestra posición", han subrayado.
El comunicado insiste en que lo relevante del proceso es que "las garantías se respeten y que se actúe institucionalmente ante cualquier vulneración de principios esenciales del proceso penal justo" porque "el caso no cuestiona a la Fiscalía como institución".
