La inexistencia del consenso necesario ha impedido la aprobación de estos nombramientos, por lo que las plazas deben ser convocadas de nuevo y debe repetirse también el proceso de preselección de candidatos por la Comisión de Calificación del órgano de gobierno de los jueces.
La vacante en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe ser ocupada por un jurista de reconocida competencia para cubrir la baja del magistrado Enrique Bacigalupo. La terna para cubrir esta plaza la integraban los magistrados María Luisa Corcoy, Susana Huerta, Antonio del Moral y Gonzalo Quintero.
El resto de plazas pendientes de cubrir en el alto tribunal deben ser ocupadas por miembros de la carrera judicial. La de la Sala de lo Civil por la jubilación de Román García Varela, y la de lo Contencioso es de magistrado tras la elección de Manuel Sieira como presidente de la misma.
Para la de lo Civil la terna estaba compuesta por Eduardo Baena, Antonio García Paredes, Julio Cesar Picatoste, Juan Ruiz-Rico y José María Tomás. Por último, para la Sala de lo Contencioso, la integraban Felisa Atienza, José María Gil Sáez, Joaquín José Ortiz Blasco y José María del Riesgo.
