Esta nueva sentencia se une a la dictada por el este mismo Tribunal en diciembre de 2009 en la que anulaba la privatización del citado centro por falta de motivación.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid señala que el Gobierno Autonómico ha incumplido el trámite preceptivo de consulta al Consejo Escolar de la Comunidad y que la ausencia de este trámite genera "una indefensión de los interesados no subsanable".
Por tanto, declara nulo el decreto y condena a la Comunidad a "retrotraer el expediente de elaboración de la norma, con el fin de someter el proyecto a la valoración o informe del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid".