La Audiencia le ha declarado inocente de los delitos de estragos y de intento de asesinato de los que habían sido acusados por la Fiscalía. El Ministerio público solicitaba 55 años de prisión por ordenar supuestamente la colocación de un artefacto que explotó el 1 de junio de 1998 en la empresa de trabajo temporal situada en el centro de Madrid.
La Audiencia Nacional, presidida por Alfonso Guevara, señala que de las pruebas presentadas contra los acusados "en manera alguna cabe concluir con la certeza necesaria" que estos planearan u ordenaran la comisión del hecho.
Se llega a esta conclusión, matiza, sin cuestionar la presentada en su día por el Supremo respecto a que el PCE(r) y Grapo "son probadamente componentes de una misma organización".
