El Anteproyecto obliga a los ciudadanos a pagar tasas para interponer demandas, suprime recursos e impone que los ciudadanos que pierdan un pleito contra la Administración paguen las costas del proceso.
El objetivo de esta normativa, que el Poder Judicial avaló en su sesión plenaria de este jueves, es agilizar la justicia y acabar con los atascos, según explicaron conjuntamente los vocales del Consejo Gabriela Bravo, José Manuel Gómez Benítez y Fernando de Rosa.
Los dos votos contrarios a avalar estos cambios legales son de los vocales Claro José Fernández Carnicero y Concepción Espejel, que consideran un recorte de garantías elevar de 150.000 a 800.000 euros la cuantía para poder acudir al Supremo.
Otro punto importante de la reforma, que afectaría a miles de ciudadanos, es que se suprime la posibilidad de recurrir contra la decisión de un juzgado de primera instancia si se trata de un juicio verbal y la cuantía es inferior a 6.000 euros. Lo que falle el juez de primera instancia sería irrecurrible y la sentencia devendría firme.
El Anteproyecto de la Ley de Agilización establece también el pago de una tasa, que iría en función del volumen y cuantía del asunto, para todos los ciudadanos que interponga una demanda civil.
Asimismo regula las notificaciones judiciales. Para evitar que un proceso se dilate porque no se localice al demandado, se da por buena la notificación que se realice en el domicilio que hayan facilitado las partes al juzgado.
Respecto a los desahucios expres se enmarcan las demandas de desahucio dentro del proceso monitorio con la intención de que el juez, desde el primer momento, fije la fecha concreta del lanzamiento del inquilino moroso si llega el juicio y éste no ha pagado la deuda.
