Ha dicho que el incumplimiento de los plazos para que las cámaras renovasen el Tribunal supone "un incumplimiento grave de la Constitución que perjudica la calidad de nuestra democracia".
Por otra parte ha criticado que la legitimidad de origen del Tribunal Constitucional se ve empañada si las designaciones no se llevan a cabo en el tiempo previsto y "quedan embarradas por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento".
Ha pedido que las personas que ocupan cargos públicos realicen declaraciones "con la mesura y el respeto institucional" que su cargo merece y ha criticado "el uso abusivo de la figura de la recusación de magistrados constitucionales, posibilidad que se encuentra extendida en algunos ordenamientos y muy restringida en otros".
