Argumenta que los decretos de traspaso de esta competencia del Estado a las comunidades autónomas dan capacidad a las regiones para regular, ordenar o promover las corridas de toros, pero "en ningún caso" se habla de prohibir la tauromaquia.
Por tanto expone que la norma recurrida "invade competencias estatales" y es "inconstitucional", ya que las comunidades autónomas "no tienen facultad para prohibir la tauromaquia".
Además de la cuestión competencial, el recurso alude a los toros como actividad empresarial, lo que llevaría a considerar que su prohibición "rompe con la unidad de mercado", al tiempo que analiza la vertiente cultural de la tauromaquia.