El acuerdo del Tribunal da traslado de la demanda y de los documentos presentados por el PP a la Generalitat y al Parlamento catalán, así como al Ministerio de Justicia, "al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes".
Finalmente, ordena que se publique la incoación de este recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña.
En su recurso, el PP argumentaba que la ley catalana invade competencias estatales, puesto que los decretos de traspaso de esta competencia del Estado a las comunidades autónomas dan capacidad a las regiones para regular, ordenar o promover las corridas de toros, pero "en ningún caso" se habla de prohibir la tauromaquia, que está protegida según los recurrentes por leyes nacionales y europeas.