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El TSJ de Madrid, en el marco de las diligencias previas seguidas en la investigación del caso Gürtel, confirma el auto en el que se acordó la inhibición parcial de las actuaciones abiertas a favor TSJ de Valencia

01/10/2010
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El TSJ de Madrid confirma el auto en que se acordó la inhibición parcial, de las actuaciones seguidas en el marco del conocido como caso Gürtel, a favor a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia, y sostiene que ésta aparece como necesaria y consecuente. En primer lugar, señala que el criterio general atributivo de competencia general territorial -“forum comisi delicti”- hace que sean los órganos jurisdiccionales de Valencia los que deban conocer sobre la existencia, realidad, alcance penal y trascendencia de los hechos a los que se refieren los escritos de alegaciones formulados. Además, añade que la realización de los mismos aparecen atribuidos a personas que ostentan la consideración de aforados ante la Sala mencionada, en atención de los establecido en los arts. 773.3.a) LOPJ en relación con el art. 31 de su Estatuto de Autonomía.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CIVIL Y PENAL

MADRID

Ref.ª.- RECURSO DE APELACIÓN 42/2010

ORIGEN.- DP 1/09

RESOLUCIÓN RECURRIDA: AUTO de 15-7-2010 que desestima el recurso de reforma interpuesto contra el AUTO de 25-5-2010 que acuerda la inhibición parcial a la Sala civil y Penal del TSJV en los términos recogidos en el Fundamento Jurídico 3.º de dicha resolución, así como contra el AUTO de aclaración de 1-6-2010 y el de 15-7-2010 que desestima la reforma.

AUTO N.º 70/2010

Excmo. Sr. Presidente:

D. Francisco Javier Vieira Morante

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. Emilio Fernández Castro

D. José Manuel Suárez Robledano

En Madrid, a treinta de septiembre del dos mil diez.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- El anterior 25-5-2010 el Iltmo. Sr. Magistrado designado en su día por la Sala de lo Civil y Penal dictó un Auto acordando la inhibición parcial de las actuaciones a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los términos del fundamento jurídico 3.º del mismo y la aclaración contenida en el Auto del posterior 1-6-2010.

Por la representación procesal del Partido Popular se formuló recurso de reforma contra dicha resolución que fue desestimado por otro Auto del referido Instructor designado por la Sala del siguiente 15-7-2010.

SEGUNDO.- En término hábil para ello, la citada representación procesal formuló recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se efectuaron diversas alegaciones interesando la revocación del Auto apelado, aunque, concretamente, se suplicaba que se rechazara la inhibición acordada por no estar acreditados los hechos, no estarlo respecto de los aforados y carecer los hechos de analogía con el cohecho impropio.

Por su parte, la representación procesal de D. Angel Luna y otros impugnó dicho recurso.

Presentados sendos escritos ante la Sala una vez concluido el trámite de la apelación, estando pendiente la deliberación del mismo, la Sala acordó reservar la admisión de los mismos al momento inmediato previo a la deliberación para decidir sobre su procedencia.

TERCERO.- Por su parte, el Ministerio Fiscal en el correspondiente traslado, se opuso e impugnó el anterior recurso de apelación y, en base a las alegaciones que articuló al respecto, interesó la desestimación del recurso formulado y la confirmación del Auto recurrido.

CUARTO.- Recibido el correspondiente testimonio de particulares formado para sustanciar el recurso de apelación referido admitido en un sólo efecto, por Diligencia de Ordenación del Sr. Secretario de la Sala del 2-9-2010 se acordó formar el correspondiente Rollo, registrarlo y acusar recibo al Instructor, designándose Ponente y señalando su deliberación para el día 29 siguiente de dicho mes.

QUINTO.- Siendo Ponente de las actuaciones el Iltmo. Sr. Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal D. José Manuel Suárez Robledano.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- Con carácter preliminar, la Sala ha procedido a analizar los escritos y documentos aportados por las partes una vez ya tramitado el recurso de apelación en cuestión. Estima, de conformidad con lo dispuesto en el art.º 766.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la aportación y consideración, de dicha documentación y alegaciones, no resulta procedente y es extemporánea en este recurso de apelación, no pudiendo reabrirse cuestión sobre lo que ha sido objeto del recurso ya sustanciado como regla general y sin perjuicio de no considerar procedente hacer uso de la facultad prevenida en dicho apartado al estar suficientemente instruida de las cuestiones debatidas en la apelación en cuestión, no precisando adición alguna para su legal y procedente decisión.

SEGUNDO.- Dispone el art.º 14.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que “Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes: Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine”.

Habiendo ocurrido los hechos referidos en los escritos de alegaciones, de haber ocurrido y comprobarse en su caso su existencia y realidad, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Valencia, el criterio general atributivo de la competencia penal general, el del denominado “forum comisi delicti” haría que fuesen los órganos jurisdiccionales de aquella los llamados por Ley en todo caso a conocer de su existencia, realidad, alcance penal y trascendencia de todo tipo. Así pues, atendiendo sin mas al fuero del territorio, deberían ser aquellos los llamados legalmente a aclarar la trascendencia punitiva de los mismos.

TERCERO.- De forma añadida, y determinante al parecer de esta Sala, los hechos relatados cuya investigación o relevancia penal jamás podría atribuirse a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid en atención a lo que se acaba de referir y por razón de fuero territorial, aparecen parcialmente atribuidos por el informe presentado a personas que, a la fecha de hoy, ostentan la consideración de aforados ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en atención a lo establecido en los arts. 73.3.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 23 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1-7, al señalar este ultimo que los Diputados autonómicos “Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunitat Valenciana, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Fuera de tal territorio la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Añade el art.º 31 del referido Estatuto de Autonomía que “La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell y, en su caso, la del President se exigirá en los mismos términos que este Estatuto determina para los Diputados”.

Así pues, sin que sea preciso, necesario ni pertinente en este momento, en atención a los indicios de competencia territorial y de aforamiento concurrentes a los que nos hemos referido, acudir a las reglas de conexidad o de acumulación posible de objetos penales que, en todo caso, se residencian en el territorio de la Comunidad de Valencia por las razones antes expuestas, y que deben dilucidarse internamente por los órganos judiciales competentes de dicho territorio de España, la concurrencia o condición de aforados de algunas de las personas a las que se atribuyen hechos de apariencia delictiva resulta determinante de la inhibición parcial acordada respecto de ellos, sin perjuicio de que su relevancia penal sea de la exclusiva competencia de los órganos judiciales valencianos, como se ha repetido.

Recuérdese que, siendo el Instructor designado por esta Sala y la propia Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid competente exclusivamente para conocer de causas en las que estén implicados aforados de su territorio, jamás podría tomar declaración como imputados a aforados de otra Comunidad Autónoma, ni practicar actuaciones a sus espaldas y sin posibilidad de tomar conocimiento de ellas y poder defenderse o contradecirlas. Además, como se ha dicho inicialmente, se estarían investigando hechos ocurridos presuntamente en territorio judicial ajeno al de esta Comunidad Autónoma y la competencia de su Tribunal, asumiéndose competencia sin base alguna sólida o fundada. Una vez esclarecidas todas las referidas circunstancias, la inhibición aparece necesaria y consecuente, como se ha dicho.

En tal sentido, no puede la Sala estar mas de acuerdo al respecto con las manifestaciones de la formación política apelante, que ha velado en su impugnación por la aplicación de la legalidad y de la competencia sin traspasar las funciones propias de la acusación popular, cuando indica en su escrito de impugnación que no están acreditados los hechos al ser ello obvio ya que su relevancia penal o no tiene que ser determinada por los competentes órganos judiciales de Valencia, no estarlo respecto de los aforados porque tiene que ser la Sala de lo Civil y Penal la que establezca lo procedente al respecto, si ha lugar a proceder y si existen o no hechos de apariencia delictiva, debiendo, en su consecuencia, matizarse el alcance de la inhibición parcial acordada a favor del órgano judicial superior citado que, en su caso, resolverá sobre la admisión de la imputación realizada, sobre la conexidad o no con las actuaciones ya pendientes ante el Instructor por ella designado en su día, y, en definitiva, sobre todo lo atinente al objeto al que alcanza la inhibición acordada, pues tiene plena competencia jurisdiccional sobre los hechos relatados en las actuaciones objeto de la misma y a los que se refiere el escrito del Ministerio Fiscal de fecha 18 de mayo de 2010, puntos 1.º y 2.º.

CUARTO.- No proceden especiales declaraciones sobre las costas originadas en la impugnación objeto de recurso.

Vistos los artículos citados y los demás de aplicación al caso.

LA SALA ACUERDA:

Sin que haya lugar a tomar en consideración los documentos y alegaciones presentados ante la Sala una vez ya señalada la deliberación y votación del recurso de apelación presentado, procede estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Partido Popular, contra el Auto que el pasado quince de julio pronunció el Iltmo. Sr. Magistrado-Instructor D. Antonio Pedreira Andrade, en el que a su vez rechazó la reforma del anterior del veinticinco de mayo, que se confirma en el sentido de que la inhibición acordada y que se ratifica resulta procedente a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, única competente para acordar sobre la relevancia penal de los hechos objeto de la inhibición en los términos del Fundamento Jurídico 3.º de esta resolución, su posible conexión o investigación separada, la admisión a trámite y su declaración de competencia, todo ello sin especiales declaraciones sobre las costas del presente recurso.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, indicándoles que contra ella no cabe recurso ordinario alguno. Firme dicha resolución, remítase testimonio de ella al referido instructor y archívese este rollo.

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen, lo que certifico.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

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