El futuro texto legal fija como preferentes las mujeres y el medio rural. El anteproyecto prevé también la elaboración de planes periódicos de igualdad
Castilla y León carecía de una ley “integral y universal” que aglutinara toda la normativa acerca de la discapacidad encaminada a remover obstáculos y caminar hacia esa “efectiva igualdad” en el ámbito público y privado.
El proyecto consta de 103 artículos y contempla el mandato a la Junta de aprobar “periódicamente” un Plan Estratégico de Igualdad para este colectivo, que ponga en práctica los objetivos de esta norma. Su contenido, periodicidad y seguimiento se establecerá en un reglamento y contará, según el documento del anteproyecto, con la colaboración de las entidades públicas, con los agentes sociales y económicos y con aquellas instituciones implicadas en la atención de las personas con discapacidad.
También se contempla la elaboración de un “informe periódico” para conocer el grado de ejecución de las medidas y su efectividad. Además, cuando entre en vigor este texto legal, todas las leyes y planes que afecten a este colectivo “deberán incorporar un informe sobre su impacto”. Lo mismo ocurrirá con las estudios y estadísticas. Todos ellos tendrán que “incluir sistemáticamente la variable de discapacidad”.
Destinatarios preferenciales de la norma serán las mujeres con discapacidad, aquellos que padecen una más acusada exclusión social y las que viven en el medio rural o pertenecen a cualquier otro grupo especialmente vulnerable, según figura en el texto.
