La compañía alega que la decisión incumple el apartado segundo de la disposición adicional 21 de la Ley del Sector Eléctrico, que obliga a la Administración a compensar el desfase tarifario.
Por otra parte alega el incumplimiento por parte del Gobierno de la obligación de informar a la Comisión Nacional de la Energía acerca de su decisión.