Inadmite los recursos de Sánchez, Rull y Turull y el de un particular que alegó vulneración de sus derechos políticos

Los técnicos del Ministerio de Justicia, cuyo titular es Juan Carlos Campo, han trabajado "codo con codo" con el Ministerio de Igualdad, al frente del que está Irene Montero, para la redacción del texto definitivo del anteproyecto de Ley de Libertad Sexual que ha sido aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de condenar al Estado a indemnizar a la familia de José Couso por no defender sus intereses frente a EEUU. El Estado había sido condenado a pagar 100.000 a la mujer y 41.000 a cada uno de los dos hijos del cámara de Telecinco muerto por disparos estadounidenses en Irak.

El Tribunal Supremo ha condenado a los responsables de un salón de juegos de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) a pagar una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, por no haber adoptado medidas de control y de prevención para proteger al encargado de la sala ante las amenazas de muerte vertidas por un cliente que reclamaba hablar con sus jefes para que le devolvieran el 10 por ciento de las cantidades jugadas y perdidas -entre 3.000 y 7.000 euros a diario-, y que les disparó varias veces al no ser atendidas sus reclamaciones.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos de casación interpuestos por las defensas de Roberto H.H. y Davinia M.G, condenados por el asesinato de Sara, de 4 años, en agosto de 2017 y ha señalado ya para el próximo día 26 de marzo la fecha para la deliberación y decisión.

El Tribunal Supremo ha declarado su competencia para enjuiciar al diputado de ERC en el Congreso Joan Josep Nuet por presunta desobediencia por el 1-O en su etapa como miembro de la Mesa del Parlament, entonces como parlamentario de SíQueEsPot.

La Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género de la Audiencia Provincial de Málaga pedirá la creación de otro juzgado contra la violencia machista en Málaga capital, que sería el cuarto, según ha indicado la presidenta de dicho órgano y de la Audiencia malagueña, Lourdes García Ortiz.

Iustel presenta, dentro de su área editorial, la obra Memoria democrática y derechos históricos” que analiza, con estilos diferentes, lo que el autor denomina Derecho de la Historia, que abarca dos ámbitos distintos, aunque entrelazados, los derechos históricos y la memoria democrática.

Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social (BOE de 4 de marzo de 2020). Texto completo.

Decreto 19 /2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las prestaciones económicas complementarias para víctimas de violencia (BOA de 3 de marzo de 2020). Texto completo.

Decreto 42/2020, de 30 de enero, por el que se modifican determinadas disposiciones vigentes en materia de aguas (DOG de 3 de marzo de 2020). Texto completo.

Decreto 26/2020, de 21 de febrero, del Consell, de creación de la Comisión Interdepartamental para la Modernización de la Administración Pública (DOCV de 3 de marzo de 2020). Texto completo.

Se anuncia la celebración del “129.º Curso sobre la Unión Europea” del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Será impartido por funcionarios y especialistas en materia de Unión Europea.

El día 5 de marzo de 2020 se celebrará, en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el Acto del Día Rafael Altamira.

Los tribunales españoles deberán asegurarse del carácter claro y comprensible de las cláusulas de contratos de préstamo hipotecario que establezcan la aplicación de un tipo de interés variable basado en el índice de referencia de las cajas de ahorros.

Para apreciar si la orden de detención europea contra una persona condenada en España por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo debe ejecutarse sin examinar si este delito también se castiga en Bélgica, los tribunales belgas deben tener en cuenta la duración de la pena prevista por la ley española aplicable a los hechos cometidos.