El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, lo que provoca su suspensión cautelar, según han adelantado este jueves a Europa Press fuentes del alto tribunal.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno vasco contra el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Socialista del Senado contra el Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) del Govern de José Ramón Bauzá.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la reducción del 5 por ciento del salario de los trabajadores de las empresas públicas de Cantabria llevado a cabo por el Gobierno PRC-PSOE en 2010.

Foto: Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado la bajada de un 5 por ciento en las nóminas de los trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid acordada en 2010 en aplicación a la decisión adoptada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de bajar el sueldo a los empleados públicos.

La Audiencia Nacional ha admitido la personación de 254 accionistas de Bankia en la causa principal en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad, en la que podrán ejercer la acusación particular con la condición de "perjudicados directos" a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC).

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad sin la imposición de medidas cautelares a la abogada Naia Zurriarain a la que ha citado a declarar como imputada para que explicara si entregó un "canuto o rulo" con instrucciones de ETA al terrorista Asier Arzalluz Goñi, preso en la cárcel de Sevilla II.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé ahorrar 480.000 euros anuales con los recortes que ha emprendido en su nuevo mandato, al reducir a la mitad el número de vehículos oficiales y de conductores y suprimir a las secretarias eventuales que disponían los vocales, cuya labor será asumida por funcionarios de carrera de la Administración.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha acordado citar el próximo sábado 25 de enero, a partir de las 9.30 horas, a tres inspectores de la Agencia Tributaria, y a la inspectora jefe del Grupo de Delincuencia de la Policía Nacional. También tomará nueva declaración como testigos a representantes de siete empresas para las que Iñaki Urdangarin realizó asesorías presuntamente ficticias.

Se muestra partidario de que la Infanta acceda a los Juzgados en coche "si hay algún motivo de seguridad que lo avale"

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha felicitado este jueves de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, haya accedido a la solicitud del fiscal Pedro Horrach de citar a declarar a los inspectores de la Agencia Tributaria que elaboraron los informes que exoneraron a la Infanta Cristina de la comisión de un delito contra la Hacienda pública.

La Junta Electoral ha convocado para el próximo 6 de febrero las elecciones al Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Fiscal General del Estado que elabora los criterios generales del Ministerio Público para facilitar su unidad de actuación.

Foto: Fèlix Millet, Entrando En La Ciudad De La Justicia

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha adoptado un acuerdo que prohíbe a los medios de comunicación tomar imágenes dentro de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, con lo que no se podrá filmar en los pasillos a los imputados cuando van a declarar ante la Justicia.

Foto: Sánchez Gordillo, a la entrada del TSJA

Considera que el aforado no estuvo presente, pero que los hechos "no presentan dudas" sobre su carácter delictivo

Foto: Alberto Ruiz Gallardón

Persiste en su idea de que los abogados puedan ejercer como procuradores y prohíbe a los colegios contratar familiares directos de sus directivos

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7357-2013, contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 y se introducen los artículos 25 y 53.1.a) en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda (BOE de 17 de enero de 2014). Texto completo.

Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa (BOE de 17 de enero de 2014). Texto completo.

Decreto Foral 1/2014, de 8 de enero, por el que se actualizan los umbrales comunitarios de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (BON de 16 de enero de 2014). Texto completo.

Decreto 467/2013, de 23 de diciembre, por el que se crea el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Seguridad y se establece su organización y funcionamiento (BOPV de 16 de enero de 2014). Texto completo.

A Sinibaldo de’ Fieschi –futuro papa Inocencio IV– le parecía inaceptable que uno pudiera creer la piel de un animal muerto. Los documentos escritos en tal soporte eran, para este profesor de derecho canónico, cartas “sobrenaturales” y “milagrosas”, en tanto que su validez podía prolongarse más allá de la existencia biológica de los firmantes (Rodríguez-Velasco, “Political Idiots”). Todo ello, pensaba y aun decía Sinibaldo, iba contra el derecho de gentes. No le faltaba razón. En nada. Por un lado, él estaba asistiendo, a principios del siglo XIII, a la profusión de todo tipo de documentación y a su inclusión como prueba o como evidencia en los procesos judiciales. Los cuerpos de las gentes se iban haciendo reemplazables por otro tipo de cuerpo, el cuerpo documental, y por otro tipo de persona, la persona jurídica. Sinibaldo podría también estar viendo hasta qué punto se producía, junto a esta profusión, la elevación social y política de todo un grupo de profesionales encargados de mantener el negocio de la escritura jurídica, es decir de los –en sentido lato– oficiales notariales (…).

El día 17 de enero de 2014, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de José M. de Areilza, en el cual el autor opina que Barroso ha hecho lo posible para hacer frente a la crisis del euro con una visión de conjunto.

Los días 6 y 7 de febrero de 2014, se celebrarán en la Sala de Cámara del Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, las “IV Jornadas sobre tráfico, circulación y seguridad vial”.

Los días 14 y 15 de febrero de 2014, se celebrarán en Burgos, organizadas por la Asociación Española de Abogados de Familia y el Ilustre Colegio de Abogados de Burgos, las “V Jornadas sobre Derecho de Familia”.

Se anula la denegación de la solicitud de protección internacional y desestimación de la petición de reexamen, en virtud del art. 21.2 de la vigente Ley de asilo. Señala el TS que, conforme a dicha Ley sólo puede inadmitirse a trámite la solicitud por razones de índole formal y objetivada, y no con base en valoraciones del estudio del tema planteado por el peticionario en su relato; asimismo contempla la posibilidad de pedir un “reexamen” cuando el solicitante se encuentra en el CIE -como es el caso-, similar para el supuesto de las solicitudes presentadas en frontera.

Ha lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia que anuló la resolución de la DGRN que había estimado la impugnación del notario autorizante de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria, y que había dejado sin efecto la calificación negativa de la Registradora de la Propiedad respecto de tres cláusulas de vencimiento anticipado de la deuda documental en el título; la calificación registral se había emitido estando ya en vigor el art. 12 de la LH, reformado por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre. Afirma el TS que los notarios y registradores tienen el deber de denegar la inscripción de las escrituras públicas de préstamo o crédito con garantía hipotecaria cuando no cumplan con la legalidad vigente, siendo conforme a derecho la resolución adoptada por la DGRN.