SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
Así lo ha acordado la Sección Séptima en un auto de fecha de 9 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que desestima el recurso planteado por el Ministerio Fiscal contra la resolución dictada en su día por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.
Para la resolución del presente recurso el tribunal considera de interés presupuestos "tantas veces recogidos en numerosas resoluciones dictadas por esta Sala" sobre similares recursos. Así, recuerda que el auto de 31 de mayo de 2016 de apertura de la fase intermedia en las diligencias previas 6645/15 del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, actual procedimiento abreviado 133/16, que es la pieza del procedimiento específico, contiene en los cinco primeros apartados de su relación de hechos punibles una serie de hechos que básicamente comprenden la ideación, diseño, organización, establecimiento y mantenimiento del sistema, así como la concesión o pago de las ayudas generadas con el sistema ideado y mantenido, denominado procedimiento específico, entre los años 2000 y 2011. Además, recoge el citado auto la intervención de Viera, como responsable máximo de la Consejería de Empleo
"De este investigado consta, conforme a la declaración de Antonio Fernández, que inició el impulso de este procedimiento proponiendo la realización del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y que decidía sobre la concesión de ayudas de cuantía elevada", recoge aquel auto.
Por todo ello se abrió contra José Antonio Viera Chacón la fase intermedia del procedimiento abreviado por "un delito continuado de prevaricación y un delito de continuado de malversación". En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal expresamente se indica que "los fondos del programa 31L, con el que se pagaban las ayudas, se emplearon también en fines distintos y ajenos a los recogidos en el mismo, así reseña la financiación de 16 muestras de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo por municipios andaluces"
El tribunal expone que se evidencia que en el denominado procedimiento específico no solo se enjuicia los hechos relativos a la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema, así como su mantenimiento operativo desde 2000 a 2011, sino también incluye lo concerniente a la concesión o pago de las ayudas generadas con el sistema ideado y mantenido.
Esto, a su juicio, justifica que el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación en el procedimiento específico acuse a Viera no solo de prevaricación, "de la que no se deduce en nuestro supuesto responsabilidad civil alguna pues sino no se entendería que al imputado en dicho procedimiento, Manuel Chaves, al que solo se acusa de prevaricación no se le exija responsabilidad civil, sino también de malversación, acusación de la que en nuestro supuesto deriva la responsabilidad civil y en la que se engloban todas los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron".
Así pues el "afán globalizador" del procedimiento específico ha determinado que el mismo contenga el enjuiciamiento de todas las presuntas conductas delictivas de Viera.
Los argumentos esgrimidos por lo tanto por el Ministerio Fiscal no son compartidas por esta Sala fundamentalmente porque, el contenido del auto de procedimiento abreviado dictado en el procedimiento específico, puesto en relación con el objeto de este procedimiento y las calificaciones de las acusaciones en aquel, comprende, en cuanto a Viera, el total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales.
En el caso de la ayuda al Ayuntamiento de La Barca de la Florida "nos encontramos ante un pago realizado al amparo de dicho procedimiento, que además si explicita el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación en el denominado procedimiento específico", por lo que consideramos que los hechos objeto del auto que recurre el Ministerio Fiscal deben entenderse comprendidos en el conjunto de hechos por el que Viera es acusado en la pieza política de los ERE y, en consecuencia, de estimarse la pretensión de la Fiscalía de seguir el procedimiento en esta pieza separada contra el exconsejero de Empleo "nos encontraríamos ante una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos".
Por tanto, la solución jurídica adoptada por la juez Núñez objeto de impugnación "es la más adecuada" y la Sección Séptima confirma su decisión de excluir en esta pieza separada a Viera.
