BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía vasca cree que, "quizá, ha llegado el momento" de modificar la Ley para que la Audiencia Nacional deje de investigar los delitos de terrorismo en favor de los jueces y fiscales de los lugares en los se cometieron estos hechos, ya que "la presión terrorista ha terminado hace más de tres años".
La Memoria de la Fiscalía del País Vasco de 2015, presentada este martes en Bilbao por el Fiscal Superior, Juan Calparsoro, destaca que la incidencia en Euskadi de los procesos por estos delitos "ha disminuido drásticamente" desde el cese de la actividad de ETA en octubre de 2011. En 2014 se incoaron seis diligencias de investigación por delito de apología del terrorismo o de humillación a las víctimas de la Audiencia Nacional, que han sido archivadas o remitidas a la Audiencia Nacional.
El texto recuerda que la investigación y enjuiciamiento de estos hechos delictivos "es competencia de la Audiencia Nacional, salvo que se trate de aforados, como son todos los miembros del Parlamento vasco".
Además, señala que la competencia de la AN para investigar y enjuiciar estos delitos no está recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), sino en la disposición transitoria de la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ésta establece que los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional "continuarán conociendo de la instrucción enjuiciamiento de las causas por delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas; relacionadas con elementos terroristas o rebeldes cuando la comisión delito contribuya a su actividad por quienes, de cualquier modo, cooperen o colaboren con la actuación de aquellos grupos o individuos", además de los hechos delictivos "conexos" con éstos.
La Memoria Fiscal destaca que "es la misma Ley la que, con carácter de transitoriedad, atribuye a la Audiencia Nacional estos delitos, y dice que la legislación que pueda modificar esta competencia se inspirará en el principio de inmediación judicial".
"Con total sujeción, por tanto, al principio de legalidad, quizá ha llegado el momento de plantear esa modificación legal, pues las razones por las que, en su día, se atribuyó a dicho Tribunal estos delitos, la presión terrorista contra los jueces o fiscales del lugar de comisión de los delitos, hace más de tres años que ha terminado", añade.
APOLOGÍA
Juan Calparsoro ha subrayado que en 2014 se han incoado seis diligencias de investigación por delito de apología del terrorismo o de humillación a las víctimas previsto en el artículo 578 del Código Penal. Cinco de los casos los denunció el Delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, por actos públicos de homenaje a exmiembros de ETA. Éstos o bien se han archivado o se han remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El sexto caso se incoó por denuncia del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) contra el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, y la Fiscalía remitió la causa al TSJPV.
La Sala Civil y Penal, finalmente, archivó la causa abierta contra Arraiz por supuesto enaltecimiento del terrorismo al haber expresado su "orgullo" por "la lucha" de la izquierda abertzale desde la transición, al considerar que sus palabras no han supuesto un apoyo a ETA o a sus "verdugos", tal como se establecía en el informe del ministerio público.
Calparsoro ha destacado, asimismo, el Rollo Penal 7/2014 de la Sala Civil y Penal del TSJPV seguido contra este mismo parlamentario vasco, "esta vez por delito de pertenencia a organización terrorista", al intentar reconstruir la mesa nacional de la ilegalizada Batasuna. La Fiscalía pide seis años de prisión para el encausado.
