MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Así lo expone el órgano consultivo del Consejo de Europa en su dictamen completo, dado a conocer este lunes después de haber analizado las dos propuestas de modelos de elección de los doce vocales judiciales que emitió el órgano español para reformar el sistema actual, firmadas cada una de ellas por un sector del CGPJ --progresista y conservador-- y con planteamientos opuestos.
El sector conservador propuso que en la elección de los doce vocales de procedencia judicial votaran todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales que se encuentren en servicio activo en el momento de publicarse la convocatoria. Es decir, que abogan por que esos doce vocales sean elegidos por sus pares "sin participación del Parlamento o del Ejecutivo en ninguna fase del proceso de selección".
Por su parte, el bloque progresista planteó que los jueces participasen de forma "directa" en la elección de los doce vocales judiciales, pero con el aval posterior de las Cortes Generales. Según detallaron, el proceso se dividiría en dos fases: la de participación, que incluiría a todos los miembros de la carrera judicial que se encuentren en servicio activo; y la de elección, donde entraría el Parlamento.
La Comisión de Venecia subrayó en un primer avance del dictamen que ve problemas de "politización externa e interna" en las dos propuestas, señalando que, a su juicio, el planteamiento de los conservadores "cumple con el estándar de elección entre pares, pero no es suficiente para descartar la politización interna", y recomienda que se adopten "medidas adicionales", mientras que el de los progresistas, "si bien introduce una fase de elección directa por los jueces, no cumple con el estándar de elección entre pares, ya que deja la decisión final en manos de un órgano político".
Ahora, en las conclusiones de su dictamen completo, el órgano consultivo aplaude que la opción de los conservadores "faculta a los jueces para elegir directamente a los miembros judiciales del Consejo, con el objetivo de eliminar la politización en el proceso parlamentario", un enfoque que considera "positivo".
"Sin embargo, no debe pasarse por alto el riesgo de politización interna, especialmente cuando las asociaciones judiciales pueden ejercer una influencia significativa en las nominaciones y las campañas, lo que podría influir en el proceso electoral", precisa.
IGUALDAD DE CONDICIONES Y "DIVERSIDAD" DE ASPIRANTES
La Comisión de Venecia recomienda, para afrontar esos "riesgos", varias "medidas en la elaboración posterior del sistema electoral" y que hace "también aplicables" al modelo de los progresistas "cuando corresponda".
Aconseja, para la etapa de nominación de aspirantes, "eliminar o reducir sustancialmente el requisito de 25 avales (30 en la segunda opción) para los candidatos judiciales y considerar una convocatoria abierta de nominaciones".
Y para los candidatos suplentes que haya, "examinar otros modelos, como la elección parcial en caso de terminación anticipada del mandato".
Sobre el número de votos, sugiere "revisar el número máximo de votos por elector, a la luz del requisito de igualdad de oportunidades para candidatos asociados e independientes".
Y para garantizar una elección "justa", "implementar reglas para asegurar igualdad de condiciones para los jueces candidatos, incluido el acceso igualitario a la información, oportunidades de campaña equilibradas, financiamiento transparente y regulado, y apoyo material".
En cuanto al modelo de los progresistas, la Comisión de Venecia considera que "hace que el procedimiento sea vulnerable a la politización externa en el Parlamento".
"Además, el Parlamento dispone de amplia discreción para seleccionar candidatos, sin criterios claros ni obligación de justificar adecuadamente", agrega, para advertir además de que "la disponibilidad de un recurso legal efectivo para impugnar los nombramientos sigue siendo incierta".
A ello añade que esa propuesta "carece de mecanismos adecuados para evitar el bloqueo, lo que expone el proceso a estancamiento parlamentario y retrasos".
"En general, la preelección de los miembros judiciales del consejo judicial por parte de los jueces es valiosa, pero insuficiente para cumplir con el estándar de elección entre pares, ya que va seguida de su elección política", continúa.
Por último, el órgano consultivo hace hincapié en "la importancia de garantizar la composición del Consejo Judicial, con una participación equilibrada de jueces de todos los niveles del poder judicial, así como una diversidad adecuada en términos de especialización, género y región".
Sostiene que el principio de pluralismo debería aplicarse "a los miembros legos, quienes deberían representar al mundo académico y a otras profesiones jurídicas".
En este sentido, expresa que el requisito de 25 años de experiencia para los "jueces superiores" en la propuesta de los conservadores "podría considerarse excesivamente restrictivo", por lo que recomienda revisar ese umbral.
Y continúa señalando que, aunque el sector conservador asigna la responsabilidad del proceso electoral a un comité compuesto por tres jueces del Tribunal Supremo, ve "recomendable considerar la ampliación del comité y brindarle mayor apoyo técnico, dado el alcance de sus funciones y los plazos propuestos".
FOMENTAR JUECES NO VINCULADOS A ASOCIACIONES
"El proceso electoral debe protegerse no solo de la interferencia externa, sino también de la politización interna, ya que ambas podrían socavar la independencia judicial", reitera el órgano, antes de añadir que está "a disposición" de las autoridades españolas para "brindarle más asistencia" si la necesitan.
La Comisión de Venecia incide además en que varios interlocutores con los que se reunió mencionaron que "al menos dos de las cuatro principales asociaciones judiciales podrían estar estrechamente vinculadas a las dos principales orientaciones políticas del país --conservadora o progresista--" para la elección de los jueces vocales.
Por ello, considera "necesarias salvaguardias adicionales para prevenir adecuadamente" la politización interna, como "fomentar la candidatura de los jueces no asociados y garantizar que no se encuentren en una situación de desventaja significativa en comparación con aquellos apoyados por asociaciones".
Llama la atención sobre "la considerable proporción de jueces no asociados en España" y aboga por que el marco electoral "requeriría una mayor elaboración para garantizar que los candidatos independientes tengan las oportunidades adecuadas de ser elegidos".
El órgano consultivo se ha pronunciado tras visitar España el pasado septiembre y reunirse con vocales conservadores y progresistas del CGPJ, asociaciones de jueces, miembros de la sociedad civil, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
También mantuvo encuentros con el presidente del Senado, Pedro Rollán, y grupos parlamentarios de la Cámara Alta, así como portavoces de Justicia del Congreso, la Asociación de Fiscales y representantes del Consejo General de la Abogacía.
