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El TC recupera el control previo de constitucionalidad para los estatutos de autonomía

11/09/2015
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La oposición salvo el PSOE se opone a la reforma por entender que crea una tercera cámara y es una reacción al problema en Cataluña

MADRID, 10 (EUROPA PRESS

El Pleno del Senado ha aprobado de forma definitiva este jueves --al no introducirse ninguna modificación respecto al texto que llegó del Congreso de los Diputados-- la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que ha sido apoyada por el PP y el PSOE para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, lo que han rechazado el resto de grupos parlamentarios. Se oponen por entender que convierte al órgano de garantías en una tercera cámara y es una reacción equivocada al problema territorial catalán.

La reforma implica cambiar tres preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para volver a incluir entre sus funciones el control previo de la constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía y de sus reformas, una vez aprobadas por las Cortes Generales y antes de su entrada en vigor. Entrará en vigor el día después de su publicación en el BOE.

Tras la primera parte del debate fueron rechazadas todas las propuestas de veto, que fueron las presentadas por IU, Coalición Canaria(CC), Entesa Per Progrés en Catalunya, EAJ-PNV y Convergencia.

Jesús Enrique Iglesias Fernández, de IU, argumentó su oposición en que se trata de un proyecto "reactivo" frente al encaje de Cataluña en el proyecto territorial. También puso en duda la constitucionalidad del trámite, por entender que el control debe ser realizado 'a posteriori' y puede desestabilizar la relación entre los poderes públicos, tal y como han defendido ilustres juristas, que creen que este recurso puede convertir al TC en una tercera cámara política.

La senadora de CC María del Mar Julios Reyes ha calificado la reforma de recuperación de un elemento represivo y retroceso jurídico y político, ya que dicho recurso fue suprimido en 1985 por ir contra el modelo de pluralidad de la Constitución en pro de un modelo "recentralizado". "Los problemas políticos se deben resolver con soluciones políticas, no jurídicas", ha señalado.

Joan Saura Laporta, de Iniciativa Per Catalunya, ha recordado que las razones por las que se suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad siguen vigentes pues entre otras cosas permite bloquear leyes desde la oposición. "No deja de ser una interferencia grave en el proceso legislativo", ha manifestado el senador, pues las Cortes Generales serán las encargadas de rescribir un Estatuto en los aspectos que sean señalados por el TC en el recurso previo.

COINCIDE CON EL REFUERZO EJECUTIVO DEL TC

Por parte del PNV, el senador Jokin Bildarratz ha mostrado su sorpresa porque este asunto venga de la mano del PSOE y ha recordado que esta reforma coincide en el tiempo con la Proposición de Ley que permitirá reforzar la acción ejecutiva del tribunal de garantías, ambas como "aviso a navegantes" frente a Cataluña y Euskadi a "dos días" del inicio de la campaña catalana.

"El TC es un tribunal de parte, piensan ustedes que podemos confiar en él cuando lo preside una persona que pagaba cuotas al PP?" se ha preguntado el portavoz peneuvista.

En defensa de su veto, la senadora de Convergencia María Teresa Rivero ha interpretado la reforma como un acuerdo PP-PSOE frente al problema catalán. Ha añadido que no tiene sentido someter a los Estatutos a un control diferente al que se somete la propia Constitución. Por ello, ha conminado a los senadores de ambos partidos a enfrentar la situación de Cataluña con instrumentos políticos y no con "viejas estrategias jurídicas".

ENCAJE DE CATALUÑA EN ESPAÑA NO SIRVE, SEGÚN PODEMOS

Durante el turno de portavoces, el senador de Podemos Ramón Espinar ha señalado que con esta reforma no se defiende la Constitución sino dinamitarla, pues atribuye al TC una potestad por encima de la voluntad, en un contexto además como el que vive además el país, al no tener que ver la Constitución con la realidad social. "Es un clamor que el encaje de Cataluña en España no sirve, y lo vamos a ver mañana en la Diada", ha dicho el parlamentario de Podemos.

En defensa de la reforma, el senador Joaquín Ramírez ha rechazado que el TC se convierta en una tercera cámara, pues no se habla de que el tribunal tenga iniciativa legislativa o acción de control al Gobierno. "Todo está sometido al imperio de la Ley, es en la Constitución en la que reside la soberanía nacional", ha incidido, para recordar que el recurso previo se refiere sólo a los Estatutos, por lo que los argumentos que validaron la sustitución de este trámite en los 80 ya no son válidos.

Por su parte, el senador del PSOE Tontxu Rodríguez ha explicado el apoyo de su grupo a la propuesta porque permitirá que la reforma permitirá buscar equilibrios y simetrías entre la voluntad ciudadana y la legitimad del TC, además de dotar de mayor agilidad a las reformas estatutarias. "Los desafíos se ganan con consensos y nunca con la oposición", ha afirmado el senador socialista que considera no obstante que la cuestión territorial necesita de una "actualización federal".

RECHAZO DE ENMIENDAS

La mayoría popular ha rechazado igualmente las enmiendas planteadas incluyendo la única defendida en este trámite por el PSOE que proponía la elaboración de un nuevo artículo en el que se estableciera, de forma expresa, la incompatibilidad del cargo de magistrado del TC con la afiliación a partidos políticos.

Los socialistas también proponían que, antes de tomar posesión, los magistrados del alto tribunal propuestos por el Congreso de los Diputados o el Senado deberían comunicar en la comparecencia prevista ante las cámaras "la existencia de cualquier circunstancia que pudiera ser causante de incompatibilidad".

La reforma prevé que se abra un plazo de tres días para que los actores con potestad para presentar recursos ante el TC (Gobierno, Defensor del Pueblo o más de 50 diputados, entre otros) decidan impugnar una reforma estatutaria tras su aprobación por las Cortes Generales. Si se recurre, todos los trámites se congelarán, incluyendo el referéndum que pueda contemplar la legislación autonómica.

PLAZOS MUY BREVES

Al Tribunal Constitucional se le da un plazo "improrrogable de seis meses" --como defendía el PSOE en su iniciativa original-- para resolver los recursos previos planteados, dando preferencia a estas impugnaciones frente al resto de asuntos que tenga en agenda.

Si el TC declara la inexistencia de inconstitucionalidad los trámites de la reforma estatutaria seguirán su curso, pero si algunos preceptos son declarados inconstitucionales habrán de ser suprimidos o modificados por las Cortes Generales antes de continuar con su tramitación.

En la exposición de motivos se subraya que "los Estatutos de Autonomía deben estar sujetos a la Constitución como garantía de estabilidad y no fricción en la arquitectura jurídico-institucional del Estado". "Si a esto añadimos su carácter de norma con rango de ley, ha de ser el Tribunal Constitucional quien ostente el monopolio de su control de Constitucionalidad", agrega la norma aprobada.

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