UNA CONDENA SIN PRECEDENTES
Sin duda, será una sentencia histórica. Se trata de una condena sin equivalentes previos. Lo cierto es que tampoco hay precedentes sobre demasiadas cuestiones relacionadas con el proceso contra el Fiscal General del Estado. Resulta notorio que se producen centenares de filtraciones al año en nuestros juzgados y fiscalías; sin embargo, nunca antes un juez o un fiscal había sido incriminado por esos hechos. Por otro lado, el Tribunal Supremo jamás se había dividido para resolver si debía celebrarse un juicio, pero en este caso se formuló un voto particular discrepante, de enorme contundencia, en el sentido de que no había la más mínima base indiciaria para que Álvaro García Ortiz se sentara en el banquillo de los acusados.
Además, este procedimiento se ha convertido en un codiciado caballo de batalla en el ámbito de la descomunal crispación política existente en nuestro país. Y estas situaciones ponen a prueba la solidez de cualquier sistema institucional. Los órganos del Consejo de Europa llevan lustros advirtiendo de que en España existen injerencias partidistas peligrosas en el sistema de acceso a los altos tribunales y en la configuración de la Fiscalía General del Estado. Sus reiteradas recomendaciones sobre reformas institucionales no han sido escuchadas hasta ahora.
Precisamente, el origen de la causa contra García Ortiz está relacionado con un asunto de marcado carácter partidista, pues arranca desde una investigación judicial contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por ello, es inevitable que muchas personas relacionen el aparente choque entre altas instituciones del Estado con ese contexto de politización de unos organismos que deberían estar al margen de esas batallas.
Por el bien de la confianza institucional hubiera sido deseable, en caso de condena al Fiscal General, que el fallo fuera indiscutible, previsible y muy convincente. Esta posibilidad ya parece complicada, por todo lo sucedido hasta ahora y por haberse difundido que en el tribunal habrá dos magistradas disconformes con la condena, que han anunciado la emisión de sendos votos particulares.
Tendremos que esperar al texto de la resolución judicial para analizar la fundamentación jurídica de la condena. Hay bastantes incógnitas a despejar por parte del tribunal. Si no se ha considerado creíble la declaración de los periodistas como prueba de descargo, necesariamente habrán de explicitarse las razones de esa falta de convicción. Si el fallo condenatorio se basa en la interpretación de la prueba indirecta, como parece probable, se tendrá que detallar la completa relación de causalidad entre los indicios concurrentes y la conclusión de que fue Álvaro García Ortiz la persona que divulgó dichos correos. En todo caso, esa valoración judicial no puede presentar dudas sobre la autoría, porque en ese supuesto resultaría preceptiva la absolución, de acuerdo con la conocida máxima in dubio pro reo.
Por encima de la algarabía de detractores y defensores del Fiscal General, sobrevuelan las admoniciones de los organismos europeos. Un caso sin precedentes, de singular relevancia para nuestro país, debería ser resuelto con una sentencia que no reste credibilidad a nuestro sistema institucional.
