MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado este miércoles que aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirme la sentencia que rechaza la aplicación de la 'Doctrina Parot', las autoridades españolas tienen margen para la "ingeniería jurídica", y ha señalado que lo que finalmente ocurra con el caso de la etarra Inés del Río no tiene por qué ser aplicable a todos aquellos presos en situación similar.
"Se puede hacer ingeniería jurídica", ha declarado el ministro en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press cuando le han preguntado si España podría eludir de alguna manera la aplicación de la sentencia. Según ha explicado, su "interpretación" y la de los servicios jurídicos del Gobierno es que "hay margen para eso".
Sin embargo, ha añadido que "son los tribunales españoles y, fundamentalmente, la Audiencia Nacional" los que deberán "interpretar y aplicar" la decisión que tome el Tribunal de Estrasburgo.
"Como es lógico, el Gobierno estará a lo que digan las autoridades judiciales españolas competentes", que simplemente comunicarían al Ejecutivo "las órdenes correspondientes de puesta en libertad de un interno, ya sea un condenado por delitos terroristas o por delitos comunes", ha indicado.
Fernández Díaz también ha indicado que "no hay ese automatismo" en función del cual el fallo europeo sobre el caso concreto de Inés del Río "deba ser aplicable de manera directa y general a todos y cada uno de los internos" que están cumpliendo sentencias de acuerdo con la 'Doctrina Parot', por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplica sobre cada una de ellas individualmente y no sobre el tiempo máximo legal de permanencia en prisión, que en España son 30 años.
RECHAZA LA "TARIFA PLANA" PARA LOS ASESINOS
Además, el titular de la cartera de Interior ha destacado que lo que está analizando el TEDH no es una ley española, sino "la interpretación y la aplicación de una condena por parte de los tribunales españoles". Sobre esta cuestión, ha rechazado la afirmación que hizo el tribunal en primera instancia de que España no ha respetado el principio de irretroactividad de las leyes penales desfavorables.
Antes de que apareciera la 'Doctrina Parot', las condenas se estaban aplicando de tal manera que "en la práctica teníamos tarifa plana para los asesinos, porque al final tenías la misma condena si cometías un asesinato que si cometías 25", y eso producía "una lógica alarma social y un lógico reproche social", ha afirmado el ministro.
"El sentido común dice que eso no puede ser, que algo falla", ha estimado Fernández Díaz, que considera "curioso" que el Tribunal de Estrasburgo esté "reivindicando la aplicación de un Código Penal de la época de Franco, de 1973, frente al Código Penal de la democracia, de 1995".
TIENE ESPERANZAS DE QUE SE DÉ LA RAZÓN AL GOBIERNO
En cuanto a las perspectivas de que el TEDH finalmente dé la razón a España, el ministro ha resaltado el hecho de que el recurso presentado por el Gobierno forma parte del 5 por ciento de los recursos de la primera instancia que la Gran Sala admite a trámite, de los cuales "la inmensa mayoría después son finalmente aceptados". Por lo tanto, "hay una razonable esperanza de que pueda ser aceptado", ha añadido.
"Creo firmemente que tenemos fundadas razones jurídicas y de todo tipo para haber recurrido ese fallo" y para pensar que "nos pueden dar la razón", ha manifestado el ministro, que considera "ofensivo para España" que el tribunal diga que ha violado los Derechos Humanos en cuanto al cumplimiento de la condena de "una etarra juzgada y condenada por la comisión de 23 asesinatos", por cada uno de los cuales estaría "menos de un año" en prisión si no se aplicase la 'Doctrina Parot'.
En su opinión, "hay demasiados Derechos Humanos que son violados en el mundo como para que se considere que una actuación como esta significa una violación de Derechos Humanos" y por ese motivo el Estado deba "indemnizar a una etarra de estas características". "No podíamos aceptar una sentencia de esas características", ha agregado.
MAGISTRADO ESPAÑOL EN EL TEDH
Sobre el juez español Luis López Guerra, uno de los cinco magistrados del TEDH que decidieron por unanimidad en primera instancia derogar la 'Doctrina Parot' y que también forma parte de los 17 que conforman la Gran Sala, Fernández Díaz ha dicho que "conoce muy bien la situación española" porque fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, además de secretario de Estado de Justicia.
"Confío en su sensibilidad para conocer la alarma social y el rechazo" que produciría en España un fallo que concluyese que la 'Doctrina Parot' viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual "podría poner en libertad, cumpliendo condenas muy limitadas, a personas, terroristas o no, que han cometido gravísimos delitos", ha declarado.
