MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Así consta en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, en el que interesa para ella una pena de 12 años de prisión mayor por un delito de estragos terroristas y que se le prohíba volver al lugar de los hechos por un tiempo de cinco años.
El Ministerio Público recuerda que los hechos tuvieron lugar el 8 de octubre de 1995 cuando S, presuntamente, habría colocado "un artefacto explosivo en el paso fronterizo del Puente Internacional de Santiago de la localidad de Irún que hizo explotar a las 12.30 horas del mismo día".
Apunta que la bomba estaba conformada por 2 kilogramos de masa explosiva compuesta por amonio, nitrato y dinitrotolueno, y que fue accionada por retardo basándose en una temporización por medio de un reloj digital manipulado que hacía las veces de interruptor electrónico.
El fiscal resalta que el artefacto explosivo "fue colocado con la finalidad de causar el máximo daño posible a las personas y al patrimonio público y privado", y que causó daños en el edificio de la aduana española con fractura de gran parte de los cristales de los ventanales de las fachadas principal y lateral izquierda.
También produjo el desprendimiento de parte de las placas de corcho que conformaban el sobre techo de la referida oficina, y se produjeron daños también en establecimientos públicos cercanos y diversos vehículos estacionados en las inmediaciones. Señala que el total de eso daños asciende a la cuantía de 36.000 euros, y solicita que indemnice a los damnificados, principalmente al Ministerio de Hacienda.
OTRAS CAUSAS DE S
Se da la circunstancia de que recientemente, el Tribunal Constitucional inadmitió un recurso de amparo presentado por S contra la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó otra de la Audiencia Nacional por la que fue condenada a 24 años y medio de cárcel por dos explosivos colocados en el Palacio de Justicia y en una farmacia propiedad del marido de una ex secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios en la ciudad de Gijón el 2 de noviembre de 1996.
Además, en febrero de 2024, la Audiencia Nacional acordó reabrir la causa por el asesinato a manos de ETA del inspector Ramón Doral y procesó a S por esos hechos después de que la Sala de lo Penal diera la razón a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y después de que el juez instructor recibiera un nuevo informe ampliatorio de la Guardia Civil sobre este caso.
