MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Congreso de los Diputados debatirá este jueves sobre la condena del Supremo al exjuez Baltasar Garzón, la situación ante los tribunales del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, o la rebaja de los "cuantiosos gastos" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los grupos parlamentarios han puesto encima de la mesa estas cuestiones en las propuestas de resolución que han presentado a la Memoria del órgano de gobierno de los jueces correspondiente a 2010, a las que ha tenido acceso Europa Press, para que sean sometidas a votación por el Pleno de la Cámara Baja.
El PP y el grupo que conforman IU-ICV-CHA han presentado sendas resoluciones incompatibles entre sí sobre los procesos contra Baltasar Garzón. Mientras los 'populares' critican las "ofensas" que ha recibido el Tribunal Supremo, la coalición de izquierdas exige investigar las "descalificaciones" al exjuez de la Audiencia Nacional vertidas en su condena a 11 años de inhabilitación.
La sentencia dictada por los magistrados del alto tribunal acusaba a Garzón de actuar "a la altura de regímenes totalitarios" cuando autorizó la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.
IGUALDAD POR ENCIMA DE "LAS CIRCUNSTANCIAS O RANGOS"
La preocupación por las filtraciones judiciales también protagoniza otras de las iniciativas planteadas por las fuerzas políticas. De este modo, el PP, CiU y UPyD piden al Consejo que actúe con "la mayor contundencia y celo" contra estas prácticas para evitar "juicios paralelos".
Precisamente, la Comisión Disciplinaria del CGPJ archivó este martes las diligencias informativas abiertas al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, cuyo titular es José Castro, por las filtraciones a la prensa del sumario en el que se investigan las actividades del Instituto Nóos.
Sin citar explícitamente el caso de Urdangarin, el llamado grupo de la Izquierda Plural también insta al Poder Judicial a evitar que "ninguna circunstancia o rango" se pueda esgrimir frente a la igualdad de todos ante la Ley como principio constitucional.
PIDEN AL CGPJ MÁS AGILIDAD
Ante la crisis económica, la coalición de izquierdas aprovecha su texto para emplazar al CGPJ a reducir los, a su juicio, "cuantiosos" gastos "superfluos" de representación de los que disfruta y sea más austero en el presupuesto de sus órganos directivos.
En este contexto, el partido que lidera Rosa Díez quiere que el Consejo dé a conocer el coste que supone la Administración de Justicia a los ciudadanos. De otro lado, el PP y el grupo de izquierdas recomiendan a Carlos Dívar que comparezca en sede parlamentaria para presentar la correspondiente Memoria al inicio de cada año judicial.
Los nombramientos de los miembros del Consejo del Poder Judicial y de otros órganos judiciales es otro de los 'clásicos' que incluyen los diferentes grupos del arco parlamentario en sus propuestas de resolución.
El PP, que desde el Gobierno ya ha anunciado su intención de reformar este sistema para que los vocales del CGPJ sean elegidos mayoritariamente entre jueces, ha preferido no incluir este asunto en ninguna de sus once propuestas de resolución.
En cambio, el PSOE insiste en que la elección de los vocales la continúen realizando las Cortes Generales, y en sentido contrario se pronuncia UPyD, que plantea que doce de los veinte miembros de este órgano sean elegidos de entre y por jueces y magistrados, y que los ocho restantes (los juristas de reconocido prestigio) los sigan designando el Parlamento pero sin responder "a un sistema partidario de reparto de cuotas".
Los socialistas también emplazan al CGPJ en sus iniciativas a valorar la incidencia del nuevo Código Penal en la "humanización" del derecho penal y en la rehabilitación de los delincuentes, así como en el endurecimiento de las penas para los casos de terrorismo o los delitos sexuales. Además, pide su colaboración en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
El partido que sustenta al Gobierno solicita información sobre el número de acciones ejercidas contra los jueces por parte de la Administración cuando ésta es condenada a reparar daños como consecuencia de la conducta grave o dolosa de los magistrados. También muestra su preocupación por el atasco de asuntos en el Supremo y en el orden de lo Contencioso.
En clave autonómica, los nacionalistas de CiU y PNV, los republicanos de ERC, Amaiur y también el PSOE abogan por garantizar el uso de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia.
SENSIBILIDAD CON TEMAS DE VIVIENDA
Los grupos también expresan su preocupación por temas de vivienda, corrupción o el control disciplinario de los magistrados. Así, Izquierda Plural reclama al Consejo que ponga todos los medios necesarios para atajar los delitos de la corrupción o a actuar "con la sensibilidad que requiere" aquellas materias que afectan al derecho de una vivienda digna.
Mientras tanto, la formación de Rosa Díez urge a fortalecer el principio de responsabilidad profesional de jueces y magistrados intensificando el control disciplinario con garantía de imparcialidad con el fin de superar la baja percepción de los ciudadanos de este servicio público.
