MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Las tres acusaciones personadas en la causa por la que se juzga al juez Baltasar Garzón por intervenir las conversaciones de los cabecillas de "Gürtel" con sus abogados en prisión han elevado a definitivas sus peticiones de inhabilitación para el magistrado suspendido de la Audiencia Nacional, que pueden llegar hasta los 17 años. Igualmente, la Fiscalía ha insistido en que Garzón debe ser absuelto "con todos los pronunciamientos favorables".
Así lo han manifestado la diferentes partes personadas en esta causa al concluir la tercera jornada del juicio que se celebra contra Garzón en el Tribunal Supremo, una vez concluidos los interrogatorios a cinco testigos y la fase documental de la vista, que ha incluido la escucha a puerta cerrada de un fragmento de las intervenciones en su día ordenadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
Así, el ex fiscal y abogado Ignacio Peláez, cuya querella inició este procedimiento, ha insistido en su petición de pena de 10 años de inhabilitación para el juez, mientras que el abogado del presunto "cabecilla" de Gürtel Francisco Correa, José Antonio Choclán, solicita 15 años de inhabilitación por prevaricación y otros 2 años por el delito contra las garantías constitucionales.
El letrado Pablo Rodríguez Mourullo, en representación del también imputado en la trama Pedro Crespo, ha elevado a definitiva su petición de 15 años de inhabilitación.
Por su parte, tanto el fiscal Antolín Herrero como el abogado de Garzón, el letrado sevillano Francisco Baena Bocanegra, han solicitado la libre absolución del juez, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, al entender que de la prueba practicada durante los tres días de vista no se desprende que éste haya cometido delito alguno.
La vista proseguirá mañana con la lectura de sus informes definitivos por cada una de las partes y es previsible que, una vez concluidas éstas y oído Garzón en última palabra, el juicio quede visto para sentencia.
En esta causa se investiga si el magistrado prevaricó al dictar en febrero y marzo de 2009 los dos autos que ordenaron la intervención de las comunicaciones de la trama de corrupción que salpicó a cargos del PP.
Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero piden la absolución, mientras que Ignacio Peláez pide que sea inhabilitado durante 10 años, y los imputados en el caso 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo solicitan que dicha inhabilitación se prolongue entre los 15 y los 17 años.
El magistrado, conocido universalmente por su lucha contra ETA, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad, tendrá que volver al banquillo a partir del próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias.
Además, está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por los pagos que recibió supuestamente del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
El tribunal que juzga los hechos se encuentra formado por los magistrados Joaquín Giménez, Luciano Varela, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo y Miguel Colmenero, quien será el ponente de la sentencia sobre las escuchas de la Gürtel.
