JUSTICIA PARA TODOS
“Si los abogados no nos rebelamos, la justicia sufrirá un daño irreparable; se perderá el equilibrio entre los derechos de unos y de los otros, porque volveremos a la “justicia para pobres”. Los abogados, llevando la voz al santuario de la Justicia, defienden con zelo y constancia, ya los intereses de los Príncipes y Grandes del Estado, ya los de las Viudas, Huérfanos y miserables, contra el poder injusto que los oprime”. (Ciencia del Foro, año 1714).
Como cualquier profesional que presta un servicio, los abogados percibimos honorarios por realizar nuestro trabajo. Y los percibimos de quienes, acudiendo privadamente a nuestros despachos, han solicitado nuestro asesoramiento y servicios jurídicos.
Con anterioridad a la llegada de nuestra Constitución, los abogados por el hecho de serlo y con carácter obligatorio para todos ellos, prestaban sus servicios jurídicos “a beneficio de los pobres”, y lo hacían como “carga y honor”.
Con la implantación del Estado de Derecho se dispuso en el artículo 119 de la Constitución que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.
En desarrollo de nuestra Constitución, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, dispuso que, en tanto que los abogados realizan un servicio público asistiendo a quienes acreditan carecer de recursos económicos, esa asistencia debe ser sufragada por la Administración Pública. Se establecieron para sufragar estos servicios unas 'indemnizaciones' cuantificadas muy por debajo de los honorarios reales que pudieran percibir los abogados de tratarse de servicios prestados a clientes particulares. Los colegios de abogados gestionan este servicio que actualmente es voluntario.
En estos días se están movilizando los abogados de toda España que asisten a quienes no tienen recursos para litigar ya que quienes gestionan los asuntos públicos están valorando recortar el Estado de Derecho. Y entre los recortes, como ya se está haciendo con la sanidad y con la educación, tratan de recortar en justicia, de forma que se cambie el modelo de justicia gratuita. Y esta es otra manifestación más de que esta crisis van a pagarla quienes precisamente no la han generado, los más necesitados.
Ante la disyuntiva de volver a una justicia para pobres, los abogados adscritos al Turno de Oficio están iniciando, en distintos lugares de España, con el apoyo de sus respectivos colegios, una serie de movilizaciones ante el impago de los servicios prestados a quienes acreditan carecer de medios económicos. Así lo han decidido ya los Letrados adscritos al Colegio de Abogados de Valencia; los de Madrid fijaron el pasado 15 de Noviembre como jornada de protesta pública; los Abogados de oficio en Andalucía están planteando una baja “global y colectiva” por impago. Los de Cataluña, pretenden demandar a la Generalitat e iniciar otro tipo de acciones, etc...
Estamos una época de pérdida de derechos; y cada derecho perdido es una grave merma para nuestro patrimonio colectivo del derecho y debilita nuestro Estado de Derecho. La nobleza e importancia de la función del abogado, como defensores del derecho y como factor equilibrante en nuestro Estado de Derecho ha de ser defendida por nosotros mismos. Si los abogados no nos rebelamos, la justicia sufrirá un daño irreparable; se perderá el equilibrio entre los derechos de unos y de otros, porque volveremos a la “justicia para pobres”. Y la justicia, para serlo, ha de ser para todos.
