MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El pasado viernes se perdonaron en la causa dos nuevas acusaciones particulares de inversores, cuya representación legal la ejercen los despachos Iure Abogados y Gómez Nix Abogados, según confirmaron a Europa Press los responsables de ambas firmas.
Los primeros representarán a ocho clientes que invirtieron más de 800.000 euros en el grupo empresarial y los segundos lo hacen en nombre otros 60 inversores que reclaman siete millones de euros. Estos últimos han presentado una querella individual que se adherirá a la causa principal abierta por el juez Pablo Ruz.
La incorporación de estos inversores podría hacer que el juez elevara la fianza de 30 millones de euros impuesta a los Ruiz-Mateos. El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones están citados a declarar como imputados ante el juez Pablo Ruz mañana y el miércoles para explicar su gestión al frente de Nueva Rumasa.
Según aseguró a Europa Press José María Ruiz-Mateos Rivero, la familia defenderá que "jamás ha habido ánimo de estafa ni intención de engaño", que las emisiones de pagarés se realizaron "bajo la legalidad" y que los fondos captados por esta vía se destinaron "100% a las empresas".
El pasado mes de junio, Ruz admitió a trámite la querella presentada por el despacho malagueño Martínez-Echevarría contra Nueva Rumasa. El juez centra la causa en los 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros, identificados por la Fiscalía Anticorrupción. A estos habrá que sumar los que adquirieron pagarés hasta enero de 2011, cifra que podría alcanzar los 5.000.
Las pesquisas realizadas por Anticorrupción han estado encaminadas a seguir el rastro del dinero de los inversores presuntamente desviado por los Ruiz-Mateos a paraísos fiscales como Belice o las Antillas Holandesas. El pasado 9 de septiembre, Ruiz-Mateos anunció la venta de Nueva Rumasa a la sociedad Back in Business, propiedad del último dueño de Marsans, el empresario Ángel de Cabo.
