Los juzgados de violencia machista de cuatro grandes poblaciones del cinturón de Madrid como Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey y Coslada han dado la voz de alarma, ya que desde el pasado lunes se han visto forzados a bloquear o ralentizar la tramitación de causas de este tipo.
El Juzgado de Violencia de Torrejón de Ardoz remitió el pasado miércoles un oficio al Colegio de Alcalá solicitando explicaciones de por qué está obviando sus peticiones para que designe abogados de oficio a hombres denunciados por sus esposas.
En los citados juzgados comienza a cundir la indignación: “No se puede imponer una orden de alejamiento sin interrogar antes al denunciado, y no podemos interrogar al denunciado si no viene asistido de abogado”, “y la práctica indica que al 90% de los denunciados hay que ponerles abogado de oficio porque son personas sin recursos”.
Esta situación se desató en mayo pasado, cuando representantes de los dos colegios existentes en la región, el de Madrid y el de Alcalá, acordaron que sólo asignarían abogados a las causas graves y urgentes; es decir, a las de violencia de género y a aquellas otras en la que hay detenidos. Las protestas se desencadenaron porque la Consejería les adeuda las asistencias prestadas desde enero de este año, dos trimestres. Los abogados alegan que la deuda ronda los 20 millones, mientras que Justicia rebaja la misma a unos diez.
Ha sido este mes cuando la protesta de los abogados se ha recrudecido a juzgar por lo que está sucediendo en estas grandes poblaciones. Y ya sí está afectando incluso a la violencia de género. Se sigue prestando asistencia a las víctimas y a sus agresores, pero únicamente si están detenidos. Pero no se presta, en cambio a aquellos otros que figuran como denunciados por su parejas.
Desde algunos juzgados se enviaron comunicaciones al departamento del turno de oficio de Alcalá de Henares solicitando abogados para agresores pendientes de interrogatorio. Aunque inicialmente se atendieron dichas peticiones y se designó letrado, posteriormente el Colegio se desdijo, avisando verbalmente a los juzgados de que sólo se prestaría asistencia a las víctimas de violencia y a detenidos, pero no a los denunciados no detenidos. Ante esta situación, algunos juzgados se vieron forzados a bloquear el desarrollo de causas que tenían fijadas para ese día y sucesivos.
No obstante, el problema del turno de oficio con el Gobierno autonnómico no afecta solo a estas poblaciones, sino que se extiende a toda la región. Hasta el momento, el Colegio de Abogados de Madrid, con 4.500 abogados inscritos en el turno de oficio, sí está atendiendo lo relacionado con la violencia de género y las causas graves o con detenidos, pero no otras muchas en las que los implicados requieren abogado de oficio.
Un portavoz de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid afirmó el pasado miércoles que no tiene constancia de quejas de usuarios ni de juzgados en este aspecto y recordó que el pacto de los abogados con la Consejería fue que la huelga no afectase a las causas relativas a la violencia de género.
