En la admisión a trámite, mediante una providencia, acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, así como a la Junta y las Cortes de Castilla y León, por el mismo sistema de sus presidencias, con el fin de que puedan personarse en el proceso y formular alegaciones en quince días.
La providencia acuerda además "tener por invocado por el presidente del Gobierno" el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso, el pasado 11 de marzo, para las partes del proceso y desde el día en que aparezca la suspensión en el BOE para los terceros.
