Los magistrados de la sección octava de la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional argumentan en su auto que no hay indicios que revelen que "las autoridades marroquíes persigan de manera sistemática y generalizada a los saharauis por causa de su origen étnico".
Sólo en uno de los casos la Audiencia considera que el relato de abusos y maltratos aportados son verosímiles e indican "persecución en razón de sus actividades y su participación en los hechos que concluyeron el desmantelamiento violento del campamento de Agdam Izik".
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ya ha recurrido esta última decisión de la Audiencia ante el Tribunal de Derechos Humanos.