MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción les atribuye los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos, por lo que pide nueve años de cárcel para Villarejo.
Y solicita ocho años para el exinspector de la Comisaría General de Información CR, así como cuatro años y nueve meses para RR y el exinspector AB, en el marco de esa pieza del 'caso Tándem'.
Aunque en un principio el Ministerio Público reclamaba nueve años para el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) EGC, finalmente no será juzgado en esta pieza porque el juez de instrucción acordó el archivo provisional en lo referente a él debido al ictus que sufrió en mayo de 2022 que conllevó a una "incapacidad mental sobrevenida, y como consecuencia su inimputabilidad".
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Según Anticorrupción, Villarejo asumió el 24 de julio de 2015 como titular real del Grupo CENYT, y en concreto a través de la mercantil Stuart & Mckenzie --integrada en dicho grupo--, el encargo realizado por MK para realizar una investigación y ejercitar las acciones penales y civiles a que hubiera lugar con motivo de los conflictos que mantenía con GZ, autorizando la contratación y supervisando su posterior desarrollo y, concretamente, el acceso a fuentes policiales no abiertas para la obtención de datos.
"Tales conflictos tenían su origen en el contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos habían celebrado sobre una vivienda ubicada en la localidad de Benhavís (Málaga) propiedad de Z y habían dado lugar a la presentación por parte de MK de una querella tramitada en los Juzgados de Marbella, que terminó siendo sobreseída, así como a diversos procedimientos civiles de reclamación de cantidad", indica.
En la ejecución del citado encargo --tanto en el ejercicio de las acciones judiciales como en la investigación sobre Zotano-- "intervino también, por cuenta del Grupo CENYT y en su condición de letrado del bufete Stuart & Mckenzie, el encausado RR", añade la Fiscalía, que sitúa al resto de mandos policiales dentro de la "organización criminal".
Según el Ministerio Público, Villarejo y en cumplimiento del encargo realizado por MK, "con la imprescindible intervención de los demás encausados, llevó a cabo una investigación sobre Zotano que culminó en un denominado informe fechado el 7 de septiembre de 2015, que llegó a ser presentado en el Juzgado de Marbella que conocía de la querella que habían presentado contra Z". En el curso de esa investigación, añade Anticorrupción, los encausados llegaron a acceder a datos de carácter reservado del propio empresario.
LA INFORMACIÓN SOBRE EL EMPRESARIO
Al hilo, la Fiscalía sostiene que el 18 de agosto de 2015 Riaño actuó "en connivencia con los demás encausados, sirviéndose de la posición que ocupaba en la UCAO", para hacerse --a través de sus subordinados-- con el informe de actividad de Z".
En dicho dossier constaban "todas las escrituras públicas" que el empresario marbellí había otorgado ante "todos los notarios españoles" y que obraba en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado.
En esta línea, Anitcorrupción indica que "una vez obtenida la información a través de la UCAO, R la remitió a CENYT por correo electrónico de 18 de agosto de 2015 a través de Bonilla, director de operaciones" del grupo y quien "a su vez, lo remitió, por correo electrónico de 19 de agosto de 2015" a RR.
La Fiscalía asegura a su vez que Riaño consultó a través de sus subordinados los datos que de Z constaban en la base de datos policial ADDNIFIL, un fichero de huellas dactilares que el Cuerpo Nacional de Policías utiliza y que se nutre de los datos obtenidos de los expedientes del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Según explica el Ministerio Público, "no consta que MK realizara pago alguno a ninguno de los encausados, ni al bufete Stuart & Mckenzie ni a ninguna otra de las sociedades de Grupo CENYT".
"Sin embargo, en la hoja de encargo de servicios de 24 de julio de 2015 sí se pactaron honorarios a percibir por Villarejo, como titular real de CENYT, y que ascenderían a un porcentaje de los bienes que se llegaran a recuperar del perjudicado Z en los procedimientos judiciales iniciados, sin que ninguna de las acciones ejercitadas a estos efectos, tanto penales como civiles, resultaran estimadas", expone en el escrito.
