LENGUA Y POLÍTICA
El 15 de septiembre, el Pleno del Ayuntamiento de Badalona aprobó una propuesta presentada por el PP de apoyo al Pacto Nacional por la Lengua (PNL). Unos días después, ante las críticas recibidas, el alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, matizó (o intentó matizar) su apoyo al PNL.
El PNL es un documento de 138 páginas que se define como un “pacto colectivo” que va más allá de partidos y gobiernos, y cuyo origen se encuentra en una moción del Parlamento de Cataluña, aprobada en 2021, en la que se instaba a la Generalitat a promover un pacto nacional sobre la lengua catalana y a encargar un informe académico sobre su situación. Este informe sirvió de base para un proceso de consultas que acabó llevando al documento firmado en mayo de 2025 por ERC, el PSC, los Comunes, varios sindicatos, Pimec, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua y otras entidades.
El proceso de elaboración desarrollado entre 2021 y 2025 no supuso ninguna modificación respecto al planteamiento inicial. Se trataba de dar cobertura al relato y a las políticas nacionalistas en materia de lengua para presentarlas como fruto de un amplio consenso social, en vez de como una opción entre varias posibles. En definitiva, se intenta sacar las cuestiones lingüísticas del debate político, de tal manera que quienes discrepen de los planteamientos catalanistas sean percibidos como elementos marginales que pretenden generar conflictos donde no los hay. Nada nuevo, puesto que este ha sido el acercamiento nacionalista en materia de lengua desde hace más de 40 años: dar por sentado que sus políticas en este ámbito no pueden ser cuestionadas en lo esencial. El PNL responde a esta manera de abordar el catalán.
El punto de partida del documento es que el catalán se encuentra en peligro. Para poner remedio a esa situación se plantean medidas que, por una parte, van orientadas a extender el conocimiento de la lengua; y que, por otra parte, tienen como fin aumentar su uso. Algunas de las medidas que se recogen en el documento son estas:
- Se dedicarán al menos 200 millones de euros a la política lingüística entre los años 2025 y 2030.
- Las instituciones y representantes de la Generalitat deben expresarse siempre en catalán.
- El catalán será requisito para el personal de Justicia en Cataluña.
- El catalán ha de ser oficial en la UE.
- Garantizar que las relaciones de consumo, en cualquier modalidad (presencial o a distancia), puedan realizarse en catalán.
- El catalán será la lengua vehicular normal en la escuela.
- En la universidad todos los grados podrán cursarse en catalán.
- Se incrementará el consumo de medios en catalán.
El objetivo es, como se ha avanzado, y se reconoce explícitamente en el documento (página 42), que aumente el uso del catalán; esto es, se trata de una política orientada a modificar los usos lingüísticos de la población. Para justificar este objetivo se asume una situación de peligro para la lengua catalana y se convierte a todos los catalanes en responsables de garantizar su subsistencia, aunque, como veremos, en realidad no se trata de evitar que el catalán desaparezca, sino de desplazar al español como lengua de comunicación habitual en Cataluña.
El catalán, en realidad, no está en peligro. Y aunque lo estuviera, ello no podría justificar políticas orientadas a que las personas cambien su lengua habitual para sustituirla por otra.
Comenzando por la pretendida situación de “peligro” para el catalán: tan solo en Cataluña hay más de dos millones de personas que tienen el catalán como lengua materna; o bien como única lengua materna (casi dos millones) o junto con el castellano (algo menos de 400.000). Si tenemos únicamente en cuenta a los hablantes nativos de catalán, estamos ante un idioma que se sitúa aproximadamente en el 7% superior de lenguas del mundo. Más del 90% de las lenguas que hay en la Tierra tiene menos hablantes que el catalán; y eso, insisto, si contamos únicamente a los hablantes nativos.
Además de los hablantes nativos, el catalán cuenta (tan solo en Cataluña, repito) con otros tres millones de hablantes potenciales. Es decir, son más los catalanes que conocen el catalán como segundo idioma (o tercero o cuarto) que los que lo tienen como lengua materna. Se repara poco en este dato, que es muy significativo, pues son pocas las lenguas cuyos hablantes nativos son menos que los no nativos. El catalán se encuentra entre ellas.
Así pues, el peligro para el catalán no puede venir por su número de hablantes. Pero es que, además, es una lengua usada por la administración, en la escuela y en los medios de comunicación, lo que no se compadece con que sea un idioma en riesgo. Por último, la transmisión intergeneracional es positiva: no hay hablantes nativos de catalán que no se lo transmitan a sus hijos, por lo que no se da ninguno de los criterios que podrían indicar que se trata de una lengua en peligro.
Ahora bien, la continua referencia al “riesgo” en el que se encuentra el catalán es imprescindible para el desarrollo de las políticas lingüísticas nacionalistas que tienen como finalidad no que la mayoría de los catalanes conozca el catalán (lo que ya se ha logrado en buena medida), sino que sea la lengua que usen mayoritariamente. Para conseguir esto último se pretende que el catalán goce de una especie de súper oficialidad, que se concreta en que es la única lengua que emplea la administración, la única lengua de la escuela y, además, una lengua que se impone en las relaciones comerciales. Se trata de políticas que suponen la marginación del castellano: las instituciones y representantes de la Generalitat no utilizarán el castellano con normalidad, el español no es considerado lengua de la escuela ni tiene presencia significativa en los medios públicos de comunicación, etc.
El objetivo final es la transformación de la realidad lingüística. Se pretende pasar de una sociedad claramente bilingüe, en la que la lengua con mayor presencia es la que más catalanes tienen como materna -el español (un 56% de los catalanes tiene el castellano como lengua materna y un 35%, el catalán)-, a otra en la que, de manera antinatural, la lengua minoritaria como materna en la población -el catalán-, sea la lengua que se utilice mayoritariamente en la sociedad.
No estamos, por tanto, ante un consenso social, sino ante una política calculada y ambiciosa que pretende una transformación profunda de los usos lingüísticos de la población, algo que, creo, resulta ilegítimo, puesto que el poder público no ha de entrar en la lengua que utilizamos los individuos en nuestras relaciones privadas, en nuestro ocio o en nuestra familia. Ese debería ser un espacio de libertad inmune a la acción de la administración.
Ante lo anterior, podemos preguntarnos cómo es posible que el PP de Badalona haya presentado la moción que comentaba al principio; cuando, en su momento, en el Parlamento de Cataluña, el grupo del PP se mostró abiertamente en contra del PNL, de forma coherente con la defensa de la libertad y de los valores democráticos.
En mi opinión, la explicación se encuentra en que los nacionalistas han conseguido que los demás asuman que la política lingüística no existe. Durante décadas han presentado sus medidas en este ámbito como un consenso social y no como lo que son: instrumentos orientados a modificar la sociedad. El resto se lo han creído y han renunciado a realizar propuestas en materia lingüística, contentándose, como mucho, con contestar u oponerse a las nacionalistas, pero sin formular planteamientos propios.
Creo que ha llegado el momento de cambiar las cosas. Me gustaría abordar cuáles podrían ser las líneas de una política lingüística para el conjunto del país, pero aquí me conformo con señalar que en España sí hay políticas lingüísticas, las nacionalistas, que el Pacto Nacional por la Lengua es una muestra tangible de lo que implican y que lo sucedido en Badalona es consecuencia de la falta de una política lingüística clara, completa y rigurosa para el conjunto de España.
