BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)
Los dictámenes del Abogado General no son vinculantes para el Tribunal de Luxemburgo a la hora de dictar sus sentencias, pero sí suele marcar la orientación seguida después por los jueces en sus decisiones finales, vinculantes para los Estados miembro. Aunque no hay fecha para la sentencia, las partes esperan que pudiera llegar antes de que acabe el año.
Luxemburgo ha recibido cuestiones prejudiciales relacionadas con la aplicación de la amnistía en cuatro asuntos, pero hasta la fecha sólo se han celebrado vistas para dos de ellos, que es sobre los que se pronunciará el abogado luxemburgués Dean Spielmann en noviembre.
En concreto debe dirimir primero sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para apoyar la acción exterior del 'procés'.
En esta causa, el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana (SCC), por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público.
El segundo asunto sobre el que se pronunciará el Abogado General en su escrito del 13 de noviembre responde a la consulta remitida por la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) para aclarar si la aplicación de la amnistía en este caso contravendría el Derecho comunitario y garantizaría la impunidad de los delitos.
Durante la vista, la Comisión Europea intervino para cuestionar el interés general de la ley al advertir de que "parece constituir una autoamnistía" porque fue parte de un "acuerdo político" para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y porque para salir adelante fueron "fundamentales" los votos de sus beneficiarios.
También defendió que la tramitación por la vía de urgencia de la ley ha "ahondado la división profunda" en la clase política, las instituciones y la sociedad española, pese a las recomendaciones de órganos consultivos como la Comisión de Venecia.
En lo que a los delitos de terrorismo se refiere, los abogados de Bruselas expusieron que el ámbito de aplicación de la ley es "muy amplio e indeterminado" y sus disposiciones "carecen de certidumbre, previsibilidad y precisión", por lo que no son suficientemente claras para determinar qué delitos enumerados en la directiva antiterrorista de la Unión Europea entran en su ámbito de aplicación.
